El Ministerio de Gobierno alertó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que el Comando Vermelho (CV) y el Primer Comando de la Capital (PCC), organizaciones criminales brasileñas, estarían reclutando a ciudadanos bolivianos para ampliar su presencia delictiva en zonas fronterizas.
Durante la sesión en la que aprobó la ampliación del Estado de excepción, el ministro Marco Antonio Oviedo señaló que el Gobierno desarrolla operativos policiales y militares para contener la actividad de estos grupos, principalmente en San Ignacio de Velasco y San Matías, regiones próximas a la frontera con Brasil.
“Debo darles una información: se está empezando a reclutar desde estas organizaciones criminales a compatriotas nuestros. Estamos trabajando, esperamos tener resultados en poco tiempo”, resaltó.
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Oviedo sostuvo que la presencia de estas organizaciones en el país no es reciente y afirmó que su estructura se habría consolidado de manera progresiva durante varios años.
Entre las zonas donde se reforzaron las acciones de seguridad mencionó a San Ignacio de Velasco y San Matías, en el departamento de Santa Cruz, municipios fronterizos que en los últimos días se registraron hechos violentos y donde las autoridades identificaron la presencia de grupos delictivos.
La autoridad también destacó la cooperación internacional con organismos como la Administración de Control de Drogas (DEA), la Policía Federal de Brasil, la Unión Europea (UE) y sus organismos policiales, además de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
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Durante su intervención, Oviedo también informó a la Asamblea Legislativo una situación preocupante en el municipio de Santa Rosa del Abuná, en Pando, donde —según dijo— una de las organizaciones criminales brasileñas estaría intentando asumir el control de una ruta fronteriza.
De acuerdo con la autoridad, integrantes del Comando Vermelho estarían realizando cobros extorsivos a comerciantes y transportistas por el paso de mercadería en la carretera que conecta Santa Rosa del Abuná con Montevideo, en la frontera con Brasil.
Afirmó que los presuntos integrantes de la organización operan armados y exigían pagos para permitir el tránsito de productos por esa vía. “Este es el estado que hace que estamos planteando la ampliación del Estado de excepción”, sostuvo.
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La situación también genera preocupación en San Ignacio de Velasco, donde cuatro asesinatos registrados en los últimos días elevaron la alerta en una zona considerada de alta conflictividad delictiva.
Ante ello, el ministro de Gobierno indicó que se dispuso un mayor despliegue de efectivos de la Policía y las FFAA con el objetivo de reforzar la seguridad y contener la actividad de grupos criminales en la región.