La madrugada de este jueves, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó la ampliación por 90 días del Estado de excepción vigente desde el 20 de junio, luego que los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y de Defensa, Ernesto Justiniano, advirtieron sobre la persistencia de factores de conflictividad y posibles nuevos bloqueos.
«Queda aprobada la ampliación del Estado de excepción por el plazo de 90 días», señaló el vicepresidente y presidente nato de la ALP, Edmand Lara.
La sesión comenzó con 115 legisladores presentes, entre ellos 25 senadores y 90 diputados. Lara informó que invitó al presidente Rodrigo Paz para explicar la solicitud de ampliación, pero el mandatario delegó la presentación a los ministros encargados de dar cumplimiento de las medidas enmarcada en el régimen de excepción.
Durante su intervención, Oviedo sustentó la continuidad de la medida en 12 informes técnicos elaborados por los ministerios de Gobierno y Defensa, la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA).
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De acuerdo a la autoridad, los documentos identifican amenazas de orden público, bloqueos focalizados, indicios de actividad criminal organizada y dificultades logísticas para responder de manera simultánea a eventuales conflictos.
“Se advierte una eventual reactivación y articulación de bloqueos, marchas, paros, concentraciones, con posible afectación de sectores estratégicos, combustibles, alimentos, medicamentos, oxígeno e infraestructura crítica”, afirmó.
La autoridad también hizo referencia a un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), fechado el 3 de septiembre, sobre los efectos de los bloqueos violentos en el orden democrático.
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Como parte del balance actual del Estado de excepción, el ministro de Gobierno informó que se ejecutaron 12.910 operativos, con la movilización de 109.331 efectivos policiales y 26.917 militares, además de 22.267 medios logísticos. También reportó 151 desbloqueos y la incautación de Bs 8 millones que, de acuerdo con la versión oficial, estaban destinados a financiar bloqueos.
El ministro agregó que en las dos semanas previas al 10 de septiembre se identificaron siete puntos de bloqueo.
Desde el Ministerio de Defensa, Justiniano reconoció que la situación actual es más estable que hace tres meses, aunque sostuvo que las causas de la conflictividad permanecen.
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Recordó que durante el periodo de bloqueos, la Red Vial Fundamental registró 39 cortes el 20 de junio, descendieron a 35 y posteriormente llegaron a cero el 23 de junio. Aclaró, sin embargo, que esa reducción no puede atribuirse únicamente al Estado de excepción, debido a que el diálogo con los movilizados también tuvo incidencia.
Justiniano señaló que durante la vigencia de la medida se registraron nuevamente bloqueos en Puente San Pablo, San Julián, Yapacaní, Los Troncos y Cuatro Cañadas. Según su evaluación, Santa Cruz presenta un riesgo “muy alto”; La Paz-El Alto y Cochabamba, un riesgo “alto”; mientras que Beni, Oruro-Potosí y Chuquisaca-Tarija fueron considerados de riesgo “medio-alto”.
Ante ese escenario, planteó que la aplicación de las medidas sea proporcional y pueda revisarse de acuerdo con la evolución de los niveles de riesgo.
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La sesión se desarrolló en medio de posiciones encontradas entre los legisladores. La jefa de bancada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Marlene Miranda, defendió la aprobación de la solicitud de ampliación, mientras que el diputado de Libre, Santiago Ticona, cuestionó el informe del órgano Ejecutivo, al considerar una “falta de autocrítica” sobre la gestión gubernamental.
Además, solicitó un informe detallado sobre las personas detenidas y los recursos recuperados.
Desde la bancada de APB-Súmate hubo un amplía respaldo a la medida. Sin embargo, la intervención de la diputada de Libre, Lissa Claros, desencadenó uno de los momentos que marcaron la sesión.
Claros exigió al ministro Oviedo una respuesta de “sí o no” sobre una eventual aprehensión del expresidente del Estado, Evo Morales, lo que generó una reacción del ministro hacía el vicepresidente. Ante la tensión, Lara intervino para suspender momentáneamente la sesión y pidió respeto, además de remarcar la diferencia entre una autoridad electa y un funcionario designado.
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Tras las exposiciones de los ministros, el debate legislativo y la intervención de las distintas bancadas, la Asamblea aprobó finalmente la ampliación del Estado de excepción por otros tres meses.
La medida continuará vigente mientras el Gobierno sostiene que persisten condiciones que podrían reactivar los conflictos, afectar la circulación por las carreteras y generar nuevos problemas para el abastecimiento y la actividad económica.