El exministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, deberá permanecer otros dos meses con detención preventiva en el penal de San Pedro, luego de que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz revocó la resolución del 3 de noviembre, que le había concedido medidas sustitutivas.
La determinación fue asumida este viernes, durante una audiencia de apelación incidental de medidas cautelares, en la que la Procuraduría General del Estado (PGE), junto con otras instituciones estatales, solicitó mantener la medida restrictiva contra la exautoridad.
Mediante un comunicado, la PGE informó que el tribunal dejó sin efecto la resolución judicial que benefició a la exautoridad con arresto domiciliario. Además, fijó para el 30 de diciembre de 2026 una nueva audiencia de revisión de su situación jurídica, fecha en la que se evaluará la continuidad de la medida cautelar.
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Montaño enfrenta cargos por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, relacionados con presuntas irregularidades en la construcción de la doble vía de El Sillar, en la carretera Cochabamba – Santa Cruz, proyecto adjudicado a la empresa china Sinohydro Corporation Limited y ejecutado bajo responsabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
De acuerdo con la denuncia presentada por la ABC, la obra registró observaciones vinculadas con ampliaciones de plazos y modificaciones al trazado original, aspectos que habrían ocasionado problemas estructurales en la infraestructura.
La investigación también señala un presunto daño económico al Estado que supera los $us 425 millones, relacionados con la supervisión técnica y financiera del proyecto.
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La exautoridad del Gobierno de Luis Arce fue aprehendida el 9 de enero, cautelado en La Paz y enviado a la cárcel. El 30 de abril, Montaño logró medidas sustitutivas a la detención preventiva, pero un día antes, convocaron a una nueva audiencia, donde le hicieron conocer de un segundo proceso, a raíz de las anomalías detectadas en el proyecto de El Sillar, con otros delitos.
Esta vez, por la supuesta venta de dólares preferenciales a la empresa constructora cuando ya escaseaba la moneda estadounidense en el país, lo que habría ocasionado otro daño económico.
El tribunal dispuso seis meses de prisión preventiva para Montaño, fecha que culminó el último día de octubre. La defensa legal presentó una solicitud de medidas sustitutivas, pero nuevamente le negaron el beneficios, por acciones de los ministerios que están procesándolo y la propia PGE.
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La Procuraduría anunció que continuará participando en el proceso judicial con el objetivo de defender los intereses del Estado y promover la recuperación de los recursos públicos presuntamente afectados.