Santiago de Chile, 23 Oct (EL PAÍS).- Mientras el presidente de Chile, Sebastián Piñera, intenta descomprimir la crisis política y social del país con el anuncio el martes por la noche de un potente paquete de medidas sociales como la subida del salario mínimo, la disminución del precio de los medicamentos o rebajas en la tarifa eléctrica, lo que implica un gasto de unos 1.200 millones de dólares su Gobierno se enfrenta a un nuevo conflicto: las denuncias por el uso excesivo de la fuerza policial y militar. Con medio país bajo el control del Ejército desde que se decretara del estado de emergencia, la crisis deja ya 18 muertos, y solo este lunes y martes, 3.284 detenidos, según el Ministerio del Interior.
Al pulso que los ciudadanos mantienen en la calle contra el Gobierno, se han sumado este miércoles los sindicatos. Estudiantes, profesores, funcionarios públicos y miembros de los servicios de salud pública, entre otros colectivos, estaban llamados a una huelga que se alargará hasta mañana. Las principales muestras del paro se han sentido en las calles de Santiago donde se han celebrado multitudinarias manifestaciones. Aunque por el momento ni las organizaciones sindicales ni el Gobierno han ofrecido datos de seguimiento, la huelga se ha sentido especialmente en hospitales y centros de salud donde los trabajadores aseguran que en algunos casos solo había dos enfermeros para 30 pacientes.
De los 18 fallecidos que se han contabilizado desde el comienzo de la crisis entre los que hay un peruano y un ecuatoriano, 11 murieron durante los centenares de saqueos a supermercados y comercios, donde se han producido incendios intencionados. En las últimas horas, un niño de cuatro años y un hombre de 37 fallecieron tras ser atropellados por un civil presuntamente ebrio en medio de una protesta en San Pedro de la Paz, en la región del Biobío, al sur del país. Pero existen muertes atribuidas a la actuación de militares y policías. En al menos cuatro el Gobierno ha reconocido que estuvieron implicados soldados. Tres se produjeron por impacto de bala y una por atropello.
Sin embargo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), una organización independiente de derecho público cuya existencia garantiza la ley, ha presentado cinco denuncias por homicidios ejecutados por carabineros o militares y ocho por violencia sexual, de las 46 que en total ha interpuesto derivadas de la crisis. Según asegura este organismo, un hombre falleció la madrugada del martes en un hospital de Santiago de Chile presuntamente por los golpes que le dieron los carabineros. Según ha denunciado, los agentes lo abandonaron moribundo en los alrededores de una estación de metro en el municipio de Maipú, oeste de Santiago de Chile.
Además, el INDH asegura que hay 269 heridos 137 por armas de fuego y denuncia casos como el ocurrido de madrugada en el municipio de Peñalolén (este de Santiago) donde tras ser detenidos, tres adultos y un menor de 14 años «fueron crucificados en la estructura metálica de la antena de la comisaría, colgando desde las esposas. Luego, les echaron gas pimienta en estado sólido”, indica el escrito de la organización. También fueron golpeados y uno de los detenidos acabó herido con un corte en la cabeza.
El director del INDH, Sergio Micco, se ha reunido este miércoles en La Moneda con el presidente chileno, Sebastián Piñera. En el encuentro, el mandatario se ha comprometido a garantizarle a la organización el «pleno acceso» a hospitales y centros de detención. Horas antes, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, señaló: «El estado de excepción que estamos viviendo no justifica ni apremios malos tratos, ni abusos, ni menos la muerte de personas por la violencia de distintos agentes del Estado». «El Gobierno condena todo lo apartado de la ley», indicó Ubilla, que explicó que en Chile siguen funcionando las instituciones. «El INDH presenta denuncias y querellas y existe un Ministerio Público que comienza a investigarlas».