El municipio de La Asunta, en el norte de La Paz, declaró estado de emergencia y aprobó ocho medidas frente a las actividades mineras que los pobladores califican como ilegales y dañinas para el medioambiente.
Las determinaciones fueron asumidas durante un cabildo realizado después de los enfrentamientos registrados el sábado.
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Entre las resoluciones está mantener bajo custodia de las organizaciones campesinas 15 maquinarias retenidas en la zona, con la propuesta de utilizarlas para reparar los daños ambientales.
Además, se pidió al municipio destinar recursos del POA para recuperar las áreas afectadas y atender a las personas que resultaron heridas durante los enfrentamientos.
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El cabildo también exigió a la Alcaldía elaborar un informe técnico sobre la contaminación y el presunto desvío del cauce del río Boopi, además de iniciar acciones legales contra los responsables.
También, los pobladores responsabilizaron a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por la falta de atención a sus denuncias y solicitaron la renuncia de funcionarios de esa institución.
Durante la reunión, los dirigentes advirtieron que podrían asumir nuevas medidas si las autoridades no cumplen sus demandas.
Otra medida, plantearon declarar “cero minería” en La Asunta y cuestionaron la presencia de ciudadanos extranjeros vinculados, según sus denuncias, a las actividades mineras.