Roma, 9 may (EL PAÍS).- El papa Francisco ha emitido este jueves un documento que establece nuevas normas para combatir los abusos sexuales cometidos por miembros del clero, con algunas novedades importantes como una vigilancia más estrecha a los obispos y superiores religiosos, que hasta ahora disfrutaban de cierta impunidad. Con la nueva normativa, que entrará en vigor el próximo 1 de junio, se establecen los mecanismos a seguir tras recibir una denuncia para investigar las acciones y omisiones tanto de sacerdotes como de obispos y otros responsables religiosos. También se definen de forma precisa los delitos. El de encubrimiento, entendido como «conductas que consisten en acciones u omisiones dirigidas a interferir o eludir investigaciones civiles o investigaciones canónicas, administrativas o penales, contra un clérigo o un religioso», se equipara al de abuso. Hasta ahora la legislación vigente en la materia era más vaga y utilizaba una terminología menos precisa.
Además, se establecerá en todas las diócesis del mundo una oficina eclesiástica «fácilmente accesible al público» para que los afectados presenten las denuncias. Y se instaura la obligación para todos los religiosos y religiosas de informar «con prontitud» a sus superiores o a la autoridad eclesiástica competente de las denuncias relacionadas con casos de abusos o de encubrimiento de las que tengan conocimiento. Es la primera vez que se exige expresamente a los organismos eclesiales que actúen con unos plazos precisos: la normativa fija 90 días para resolver las investigaciones.
Los casos que deben ponerse en conocimiento de las autoridades eclesiales no son solo los que afectan a menores, también los abusos contra adultos, por ejemplo, la violencia contra las religiosas por parte de clérigos o el acoso a seminaristas o novicios mayores de edad. También se extienden las normas a casos de posesión y uso de pornografía infantil y de actitudes de encubrimiento ante estas realidades.
El motu proprio del Papa, titulado Vos estis lux mundi (vosotros sois la luz del mundo), una especie de decreto, es fruto de la cumbre contra la pederastia que se celebró en el Vaticano el pasado febrero, en la que participaron representantes de las conferencias episcopales de todo el mundo. El texto estrecha el cerco sobre los obispos. Regula las investigaciones sobre cardenales y otros superiores religiosos, no solo en el caso de abusos cometidos por ellos mismos, sino también en el supuesto de omisiones «dirigidas a interferir o a eludir las investigaciones civiles o las investigaciones canónicas, administrativas o penales».
Hasta ahora, en los casos de abusos, los obispos, como máximos responsables de las diócesis, debían investigar e informar sobre los delitos cometidos por sacerdotes o religiosos de su jurisdicción, pero si eran ellos mismos los implicados no había un mecanismo preciso para dar salida a las denuncias. El Papa ha decidido establecer pautas para gestionar los casos en los que el obispo o bien es el abusador o bien ha tratado de entorpecer la investigación y encubrir los abusos. Para ello, refuerza la figura del arzobispo metropolitano, que será el encargado de recoger información relevante sobre los hechos cuando el implicado sea un obispo, y de conducir la investigación como considere pertinente. Se podrá apoyar incluso en expertos laicos y deberá trasladar las averiguaciones en un plazo máximo de 90 días al Vaticano, para que continúe allí el proceso canónico si es necesario o se tomen las medidas pertinentes. Hasta el momento, esta cadena de investigación no existía y los tiempos, cuando se trataba de investigar a obispos o cardenales se dilataban por años.