El Consejo de la Magistratura intervino este miércoles el despacho de la jueza Livia Alarcón tras la apertura de una investigación de oficio en su contra, motivada por la difusión de grabaciones de seguridad en las que se la observa ingresando a la residencia donde se ocultaba el capo uruguayo Sebastián Marset. La visita a la vivienda, efectuada apenas horas antes del operativo que derivó en la caída del narcotraficante, activó las alarmas del órgano disciplinario del Órgano Judicial ante una eventual red de encubrimiento o complicidad desde los tribunales.
La fiscalización presencial fue confirmada por el encargado distrital del Consejo de la Magistratura, Emilio Arredondo, quien detalló que personal especializado de la Unidad de Transparencia y Control ingresó a las dependencias del Juzgado 13 de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de la capital, ubicado en el séptimo piso del Palacio de Justicia. Durante la intervención se procedió al precintado de documentación y al secuestro de expedientes procesales para auditar las actuaciones del despacho.
El detonante de la pesquisa institucional responde a las imágenes captadas por cámaras de vigilancia en una exclusiva propiedad del barrio Las Palmas. En dicho inmueble permanecía refugiado el prófugo internacional antes del despliegue policial que permitió su ubicación el pasado 13 de marzo de 2026. Según explicó Arredondo, el análisis de este material audiovisual constituye la base para determinar la responsabilidad administrativa y penal de la autoridad jurisdiccional en su vinculación con el entorno del uruguayo.
Cabe recordar que la captura de Marset se concretó mediante un operativo conjunto ejecutado por efectivos de la Policía Boliviana y agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Tras su aprehensión en la capital cruceña, las autoridades nacionales procedieron a la inmediata expulsión del narcotraficante hacia territorio estadounidense, país donde actualmente permanece privado de libertad a la espera de sus juicios por tráfico internacional de sustancias controladas.
La investigación iniciada contra la jueza Alarcón marca un nuevo hito en los desdoblamientos judiciales posteriores a la caída del capo uruguayo. Con el juzgado bajo control de la Unidad de Transparencia, la magistratura prevé emitir en los próximos días un informe preliminar que determine si la juzgadora será suspendida de sus funciones y remitida ante el Ministerio Público para responder por presuntos delitos relativos al favorecimiento del crimen organizado.