Un informe de la Policía Nacional de España establece que el expresidente de ese país, José Luis Rodríguez Zapatero, realizó gestiones ante el Gobierno de Bolivia, durante la administración del expresidente Luis Arce, para supuestamente interceder en beneficio del conglomerado extranjero Grupo Gloria de Perú en el litigio que enfrenta su filial Sociedad Boliviana de Cementos (Soboce) con la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa).
De acuerdo con medios del país español, el reportaje señala que Zapatero recibió 200.000 euros entre 2024 y 2025 mediante un contrato con una supuesta empresa de consultoría por concepto de asesoría por servicios que “no fueron prestados”.
El informe policial, citado por el medio español El País, menciona contratos y reuniones sostenidas durante la anterior gestión gubernamental con diferentes autoridades bolivianas, entre ellos el expresidente Arce, el exministro de Economía, Marcelo Montenegro; el exministro de Justicia, César Siles; la exministra de la Presidencia, María Nela Prada; y el exprocurador general del Estado, Ricardo Condori.
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La Unidad central de Delincuencia Económico y Fiscal (UDEF) de la Policía española sostiene que Zapatero “realizó gestiones” para conseguir una reunión entre directivos del grupo peruano Gloria, que enfrentaba un proceso judicial derivado de una condena por competencia desleal en favor de Fancesa, que contemplaba el pago de aproximadamente 107 millones de dólares, con altas autoridades del Gobierno de Bolivia.
Como remuneración por la influencia “ante autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia, José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido 200.000 euros de la sociedad peruana Focus Social Research«.
La UEDF sostiene que detrás de los pagos realizados por la compañía a una cuenta de Zapatero estaría en el conglomerado empresarial Gloria e identificó indicios de que se habrían simulado “servicios de asesoría no prestados, creando contratos para justificar dichos pagos”.
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Entre los antecedentes citados figura una reunión registrada en mayo de 2024 entre Zapatero y la exembajadora de Bolivia en España, Carmen Almendras. Posteriormente, se formalizó un contrato de consultoría entre la empresa Focus Social Research y el expresidente de España.
La investigación también menciona un viaje de Zapatero a Bolivia en septiembre de 2024 que derivó en reuniones con el entonces presidente Arce y Montenegro. El reporte añade comunicaciones posteriores con Prada y funcionarios de la Procuraduría General del Estado (PGE)
Según el informe policial, Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente y a quien la Policía otorga un «papel relevante», agendó varias de esas reuniones, a petición de Zapatero.
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El objetivo de las gestiones de la exautoridad ibérica estuvo orientado a “influir en la resolución del conflicto judicial” entre Soboce y Fancesa. Tras diversas actuaciones procesales –indica el informe– una sala constitucional de La Paz emitió, en mayo de 2025, una resolución favorable a Soboce que dejó temporalmente sin efecto la sentencia que ordenaba el pago de una millonaria indemnización a Fancesa.
Tras el fallo del tribunal, se habrían realizado tres trasferencias –una de 100.00 euros y dos de 50.000– en favor de Zapatero desde la empresa que contrató la consultoría. Los investigadores remarcan que el entorno del expresidente Arce rechaza las acusaciones y sostiene que los pagos correspondieron a servicios profesionales legítimos de asesoramiento.
Asimismo, cuestiona la investigación y niega un supuesto tráfico de influencias y actuación irregular para favorecer al conglomerado internacional.
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El expresidente español, conocido por sus vínculos con líderes políticos de la izquierda en América Latina, enfrenta una investigación en su país por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales.
De ese modo, Zapatero se convirtió en el primer exjefe del Estado español en ser investigado por delitos relacionados con actos de corrupción.