La ONG, Human Rights Watch (HRW), denunció que, los migrantes venezolanos que fueron enviados por Estados Unidos a El Salvador fueron «torturados», sufrieron violencia sexual y otros vejámenes en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel para pandilleros donde estuvieron recluidos cuatro meses.
El presidente estadounidense, Donald Trump, en acuerdo con su par salvadoreño Nayib Bukele, trasladó en marzo e inicios de abril a 252 migrantes de Venezuela al CECOT, tras acusarlos sin ofrecer pruebas de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, un grupo designado como organización terrorista por Estados Unidos.
«Los casos de tortura y malos tratos a venezolanos en El Salvador no fueron incidentes aislados cometidos solo por algunos guardias o policías antimotines abusivos, sino (también) violaciones sistemáticas de derechos humanos«, aseguró HRW.
El informe, titulado «Llegaron al infierno», fue publicado en conjunto con la ONG centroamericana Cristosal, que cerró sus oficinas en El Salvador en julio al denunciar una «escalada represiva» contra defensores de derechos humanos.
Estados Unidos/El Salvador: Deportados venezolanos fueron torturados https://t.co/NJkuDADRJk
— Human Rights Watch (@hrw_espanol) November 12, 2025
Según el reporte, los detenidos permanecieron en un «régimen de incomunicación», alimentación inadecuada y condiciones precarias de higiene.
«La administración Trump pagó a El Salvador millones de dólares para detener arbitrariamente a venezolanos que luego fueron sometidos casi a diario a golpizas brutales«, dijo en un comunicado la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus.
El informe afirma que los guardias registraban diariamente las celdas de los detenidos. Los hombres eran obligados a arrodillarse con las manos atadas a la espalda y eran golpeados con porras y puños, a veces en celdas de castigo.
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Tres venezolanos contaron que fueron víctimas de «violencia sexual» en la prisión. Uno narró que cuatro guardias abusaron de él y lo obligaron a «practicar sexo oral» a cada uno de ellos.
Según los detenidos, estaban hacinados, unos diez por celda, sin ventanas. La comida era insuficiente y el agua potable estaba contaminada.
Antes de las visitas de las delegaciones gubernamentales, los detenidos recibían colchones, sábanas y artículos de higiene. Después de las visitas, la mayoría de estos artículos les eran retirados, aseguraron.
Durante la reclusión, HRW y Cristosal solicitaron información sobre las detenciones a los Gobiernos de El Salvador y Estados Unidos, pero no obtuvieron respuesta.
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Al negarse a revelar información sobre el paradero y situación de los detenidos, ambos Gobiernos incurrieron en el delito de «desaparición forzada» según el derecho internacional, acusa el informe.