El Gobierno de Uruguay pretende limitar el derecho de reunión durante 60 días, prorrogable por 30 más, según se desprende del proyecto de ley enviado el jueves al Parlamento para su análisis y aprobación este viernes.
“Limítase transitoriamente, y por razones de interés general, el derecho de reunión consagrado por el artículo 38 de la Constitución. Suspéndense las aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario por el plazo de sesenta días”, reza el primer punto del proyecto de ley para reglamentar el mencionado artículo de la carta magna.
El Ejecutivo de Luis Lacalle Pou define las aglomeraciones como “la concentración, permanencia o circulación de personas en espacios públicos o privados de uso público en las que no se respeten las medidas de distanciamiento social sanitario, ni se utilicen los elementos de protección personal adecuados”, pero no acota el número de personas considerado como tales.
Además de especificar que podría prorrogarse ese período por 30 días más, establece que, además del apercibimiento y la observación, quienes infrinjan la norma podrán ser castigados con multas de 30 a 1.000 Unidades Reajustables (UR, aproximadamente de 950 a 32.000 dólares), recaudación que se destinará al denominado Fondo Coronavirus, creado al inicio de la crisis sanitaria.
El proyecto de ley también incluye la reglamentación del artículo 37, ya que prohíbe “el ingreso de personas al país por las fronteras terrestres, marítimas, fluviales y aéreas -cualquiera sea su modalidad- desde la fecha de promulgación de la presente Ley y hasta el 10 de enero de 2021”.