La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la escalada de la crisis social en Bolivia y advirtió que los bloqueos prolongados de carreteras ya tienen “graves” impactos sobre los derechos humanos de la población. En consecuencia, recordó al Estado que el uso de la fuerza debe ser considerada como el último recurso para restablecer el derecho a la salud y alimentación.
En un comunicado desde Washington, Estados Unidos, el organismo señaló que las protestas y cortes de rutas registrados desde inicios de mayo, principalmente en el occidente del país, provocaron dificultades en el abastecimiento de combustibles, alimentos, medicamentos y oxígeno en las ciudades de La Paz y El Alto, además de dejar al menos siete fallecidos, decenas de heridos y centenares de personas arrestadas.
“Teniendo en cuenta las serias afectaciones a los derechos humanos y el alto impacto humanitario derivados de las protestas y bloqueos de carreteras, se hace un llamado al Estado y a todos los sectores sociales involucrados a priorizar el diálogo como vía para atender las demandas sociales y garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la movilización en una sociedad democrática”, indica la comisión.
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Observó que las movilizaciones se desarrollan en un contexto de crisis económica, polarización política y pérdida de confianza entre distintos sectores sociales y el Gobierno. Las demandas de los manifestantes, señala el documento, está relacionada al abastecimiento de alimentos, acceso a combustibles, estabilidad económica y exigencias políticas como la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La CIDH indicó que, hasta el 27 de mayo, se registraron al menos 70 puntos de bloqueo en distintas carreteras del país, principalmente en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba. Los cortes de vías dejaron a la sede de Gobierno prácticamente aislada del resto del país.
En su pronunciamiento, el organismo internacional subrayó los reportes de la Defensoría del Pueblo sobre la muerte de siete personas en medio del conflicto, de las cuales cuatro ocurrieron por la falta de atención médica oportuna, una por impacto de arma de fuego durante un operativo de desbloqueo en Calamarca y otras dos que se encuentran bajo investigación.
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También señala que, hasta el 24 de mayo, 23 personas resultados heridas, entre manifestantes, policías y transeúntes, con lesiones de diferente gravedad, incluyendo disparos, oculares y faciales.
Asimismo, la CIDH también manifestó preocupación por el incremento de la violencia durante las movilizaciones y por los enfrentamientos registrados entre los sectores movilizados, fuerzas de seguridad y grupos de vecinos.
Alertó también los riesgos que conllevan los anuncios de algunos sectores civiles que expresaron su intención de desbloquear rutas por cuenta propia.
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“La protesta social constituye una expresión legítima de los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión y participación en los asuntos públicos, especialmente en contextos de conflictividad social (…) En ese marco, corresponde al Estado respetar, proteger, facilitar y garantizar su ejercicio, recordando que actos aislados de violencia no deslegitiman una protesta en su conjunto”, recordó la CIDH.
Sin embargo, reconoció que los bloqueos de vías prolongados pueden generar afectaciones graves al ejercicio de otros derechos, particularmente cuando impiden el acceso a servicios de salud, el abastecimiento de alimentos o la circulación de insumos esenciales.
“Cuando esto ocurre, se acentúa el deber del Estado de facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles y la coexistencia de todos los derechos en tensión, teniendo el uso de la fuerza como último recurso”, señala el reporte.
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Por último, la comisión exhortó a los manifestantes y a las autoridades adoptar medidas para proteger la vida e integridad de terceros, incluyendo la habilitación de corredores humanitarios para ambulancias, personal médico y transporte de provisiones indispensables.
También solicitó al Estado boliviano garantizar la seguridad y el trabajo de periodistas, personal sanitario, brigadas de primeros auxilios y defensores de derechos humanos. Además, exhortó a evitar cualquier forma de criminalización de la protesta legítima y a garantizar el debido proceso para las personas investigadas por hechos relacionados con el conflicto.
El organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) reiteró su disposición para acompañar al Estado boliviano y a los distintos actores sociales mediante mecanismos de cooperación y monitoreo, e insistió en que la salida a la crisis debe construirse mediante el diálogo democrático y la búsqueda de acuerdos.