Este martes, representantes de las personas con discapacidad instalaron un mitin de protesta frente a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) contra el aumento del precio de los alimentos y medicamentos, a causa de los bloqueos que persisten hace más de un mes.
En ese marco, la representante del sector, Beatriz Ríos, solicitó al Gobierno nacional considerar un incremento en su bono y acciones urgentes para garantizar el acceso a insumos básicos.
“Lamentablemente, no tenemos qué comer, no tenemos tampoco podemos ir al mercado y comprar porque no accedemos a eso. Mucho menos comprar un pollo que ahora cuesta 120 o 130 bolivianos”, declaró.
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Ríos expresó su preocupación por el alza de los productos de la canasta familiar, a causa de los bloqueos de carreteras que impide el ingreso de alimentos, insumos, medicinas y combustibles a la sede de Gobierno.
Denunció también que los medicamentos comercializados elevaron sus precios y algunos fármacos específicos aún no fueron distribuidos en el municipio. “Estamos en estado de emergencia (…) no hay medicación, los niños están convulsionando. Los medicamentos están al triple de su precio”, dijo.
Ante ello, la representante solicitó al presidente del Estado, Rodrigo Paz, aumentar el bono por discapacidad de 250 a 500 bolivianos. “Estamos muriendo de hambre”, indicó.
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El sector llegó al centro de la Paz con un pliego de tres demandas: acciones contra el incremento de precios, el aumento de su bono para hacer frente a la crisis y la eliminación del proyecto de Ley 388 denominado “Contra el abuso de beneficios laborales por dependencia de personas con discapacidad en el sector público”.
Sobre la propuesta legislativa, Ríos manifestó que la iniciativa es promovida por la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Claudia Bilbao, y dispone “inamovilidad laboral” para progenitores o tutores de personas con discapacidad en grado moderado.
Empero, señaló que existen funcionarios públicos que utilizaron el proyecto como una especie de “fuero” para evitar ser apartados de sus cargos, alegando el cuidado de parientes con los que no tienen un vínculo directo o utilizando certificaciones que no reflejan la realidad actual y material del dependiente.
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Asimismo, Ríos denunció que el Gobierno no los consideró en la distribución de la ayuda humanitaria enviada por diferentes países de la región desde el inicio del conflicto. “Nadie nos ha convocado, nadie ha dicho nada”, expresó.
La representante instó a las autoridades nacionales y los sectores movilizados a deponer actitudes que obstaculicen la instalación de una mesa de diálogo y encontrar soluciones que permitan restablecer la normalidad en el país.