Bajo custodia policial, decenas de camiones distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) partieron este jueves desde la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ubicado en la zona de Senkata, para abastecer con 45.000 garrafas a las ciudades de La Paz y El Alto, en medio de las denuncias por escasez de los cilindros domésticos.
“Se están realizando un operativo conjunto, con la Policía y YPFB, para que evitar el tema de la reventa a las tiendas y que las garrafas lleguen a toda la población en general”, informó el asesor de la petrolera estatal, Cristian Rivadeneira.
Sostuvo que YPFB cumplió con los volúmenes de distribución previstos y atribuyó los problemas de abastecimiento el agio y la especulación. En ese marco, aseguró que se reforzarán los controles para impedir la reventa irregular de las garrafas y su desvío hacia actividades de contrabando.
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En esa línea, el encargado de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Ronny Sanguino, indicó que el plan de resguardo tendrá continuidad mientras persista de la demanda. Según explicó, cada mañana se dispondrá de personal policial para acompañar la distribución hasta los barrios de ambos municipios.
Como parte del operativo, efectivos policiales escoltarán a los camiones hasta sus destinos. Además, los precintos de seguridad de los cilindros serán retirados en presencia de los compradores, con el propósito de dificultar su posterior comercialización ilegal.
El comandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Ricardo Terrazas, precisó que las caravanas estarán conformadas por grupos de 24 camiones destinados a diferentes sectores de La Paz, El Alto y la zona Sur. Cada grupo contará con cuatro efectivos, una camioneta y una escolta de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP).
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“Este plan va a ser sostenible en el tiempo porque nosotros, cada mañana, vamos a destinar un número de policías para que se realice este trabajo hasta que ya no exista este tema del desvió de garrafas”, señaló.
Indicó también que las acciones de control se extenderán a otras regiones del país. Añadió que, durante los últimos días, se identificaron más de 500 garrafas presuntamente desviadas hacia países vecinos y que mediante patrullajes digitales detectaron ofertas de venta en Desaguadero y Perú.
La distribución bajo resguardo policial se desarrolla después de que vecinos de La Paz y El Alto realizaran bloqueos de calles y avenidas para exigir el suministro de garrafas. Desde el órgano Ejecutivo atribuyó los problemas de abastecimiento al “salto” de las redes delincuenciales que antes desviaban diésel, luego gasolina y ahora buscan lucrar con el gas de cocina.
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“No nos queda duda de que la mafia va cambiando de producto, comenzó por el diésel, pasó a la gasolina, donde acogotó a la población, se hicieron las acciones correspondientes y ahora ha pasado al gas”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano.
El contraste de precios fue parte de su explicación sobre el incentivo al comercio ilegal. Sin embargo, no precisó el peso de las garrafas ni las condiciones de venta en Perú. La comparación expuesta por el ministro apunta al margen que, según el Gobierno, atrae a quienes desvían el producto del mercado interno.
En paralelo, el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, informó el miércoles que durante el mes se decomisaron 14.097 litros de gasolina y 659 garrafas de GLP, en el marco de los controles contra el desvío de combustibles.
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En Bolivia, el precio subvencionado de una garrafa de 10 kilogramos se mantiene en Bs 22,50, mientras que, según los datos citados por las autoridades, en el mercado peruano el cilindro puede comercializarse por más de Bs 150, una diferencia que incentiva su presunto desvío ilegal.