El Tribunal Supremo Electoral (TSE) descartó que se realice una auditoría a las elecciones del 18 de octubre porque ese proceso “ya está cerrado” y fue validado por varios organismos internacionales y nacionales. Horas antes, el Comité Cívico Pro Santa Cruz declaró un paro escalonado de 24 horas primero en provincias y luego en todo el departamento, exigiendo que se realice la auditoría.
“Está efectivamente descartada (una auditoría) porque el proceso electoral concluyó con la entrega del cómputo, con la entrega de las credenciales”, dijo el presidente del TSE, Salvador Romero, en una entrevista con un medio televisivo.
Sobre las dudas planteadas respecto al proceso electoral, Romero señaló que hubo dos tipos de errores en algunas actas, pero ninguno lo suficientemente importante como para que afecte los resultados oficiales de los comicios.
Señaló que en algunas actas hubo errores “aritméticos”, es decir, que la suma de los votos contabilizados por los jurados electorales no coincidía con el número de votantes registrados en la mesa.
“Existen diferencias pequeñas de un voto en varias actas”, dijo. “Todos esos errores no ponen en duda la veracidad del trabajo que realizaron los jurados”, concluyó el Presidente del TSE.
La reunión del directorio ampliado del Comité Pro Santa Cruz determinó medidas de presión de carácter escalonado, con un paro provincial el jueves 5 de noviembre y un paro departamental para el viernes 6 de noviembre, en rechazo al resultado de las elecciones, puesto que lo consideran fraudulento.
El presidente cívico Rómulo Calvo dijo que el paro del jueves será en el bloque chiquitano y las provincias del norte integrado, mientras que el paro departamental será de 24 horas en la jornada del viernes.
Varias personalidades solicitaron una auditoría del proceso electoral, entre ellas el gobernador cruceño, Rubén Costas; el alcalde de La Paz, Luis Revilla, y las fuerzas opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos.
En las últimas horas, el Movimiento Al Socialismo (MAS) también dejó abierta la posibilidad de someter a una auditoría internacional los comicios generales del 18 de octubre pasado, pero sin postergar la posesión programada para el 8 de noviembre y evitar la prórroga del mandato de la presidenta transitoria Jeanine Áñez.
El vocero del partido azul, Sebastián Michel, dijo que “nuestra posición es clara, pueden hacer mil auditorías, todo lo que quieran, pero si es una acción dilatoria para seguir prorrogando la transmisión de mando, si la presidenta Jeanine Áñez quiere generar un conflicto y una auditoría (que dure) otros seis meses más (…) ahí nosotros vamos a estar en contra”, añadió.
Por su parte la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) aclaró que no tiene “ninguna duda sobre la transparencia de las elecciones”, que se realizaron el pasado 18 de octubre. También el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia ratificó que las elecciones fueron confiables.
Respecto a las declaraciones de monseñor Ricardo Centellas, que solicitaba una auditoría, la CEB señaló que “una auditoría colaboraría a tranquilizar el ambiente que se está creando en el país, pero como CEB no tenemos ninguna duda de la transparencia del proceso electoral realizado”.