El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que se identificaron más de 300 usuarios externos que alteraban de forma irregular el registro de despacho de combustible en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Entre ellos hay operadores, funcionarios y despachantes, contra quienes ya se iniciaron procesos penales.
Según el informe de la intervención a la estatal petrolera, estas personas modificaban las tablas de control incluso de forma retroactiva. “Se efectuaban estas modificaciones con la finalidad de favorecer a contrabandistas y desviar el combustible”, explicó García.
La autoridad también informó que se detectó venta y facturación anticipada de millones de litros que aún no habían llegado al país, además de asignaciones sin parámetros objetivos que beneficiaban a ciertos proveedores.
Para frenar estas irregularidades, este viernes el Gobierno intervino el “búnker digital” de YPFB ubicado en El Prado, en La Paz, con apoyo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), con el objetivo es identificar qué usuarios del pasado seguían ingresando a sistemas vulnerables, luego de que se cortara el acceso a los 300 implicados.
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García lamentó que en los últimos 5 años se gastaron más de 470 millones de bolivianos en infraestructura tecnológica de YPFB, pero “no se elaboró un sistema que permita la trazabilidad real” de cuánto combustible entra, a quién se despacha y quién lo desvía. Además, aseguró que la intervención busca “extirpar las mafias que hacen negocio con la subvención” y garantizar que el carburante llegue al pueblo.