Perú y México anunciaron este viernes 7 de agosto de 2026 la reanudación de sus relaciones diplomáticas y el otorgamiento de un salvoconducto a favor de Betssy Betzabet Chávez Chino, la ex primera ministra cuyo asilo en la embajada mexicana en Lima había sido el detonante de la ruptura bilateral hace nueve meses.
El acuerdo quedó formalizado mediante un comunicado conjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, firmado en Lima, en el que ambas cancillerías reconocen los lazos históricos que unen a los dos países y reafirman su compromiso con el derecho internacional.
El texto del comunicado, suscrito por los gobiernos de la República del Perú y de los Estados Unidos Mexicanos, señala que la decisión se tomó “considerando los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación” que unen a ambas naciones. Ambos gobiernos también reafirmaron su respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas (ONU).
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En un segundo pronunciamiento emitido el mismo día, la cancillería peruana precisó los términos del acuerdo sobre el caso Chávez Chino. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Perú concedió las garantías y el salvoconducto en cumplimiento de los artículos V y XII de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, tratado del que ambos países son parte. La entrega, sin embargo, no cierra el expediente judicial de la beneficiada.
Lima advirtió de forma expresa que se reserva el derecho de solicitar la extradición de Chávez Chino en caso de que las autoridades judiciales peruanas así lo requieran, “de conformidad con los tratados aplicables a ambos Estados”, según consigna el comunicado oficial.
Esa cláusula de reserva acompaña un cuadro legal de por sí complejo: la exprimera ministra fue sentenciada como coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de conspiración para una rebelión en agravio del Estado, previsto en el artículo 349 del Código Penal peruano, y afronta además una investigación del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.
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El nuevo gobierno peruano, factor de cambio
La llegada de Keiko Fujimori a la presidencia de Perú, el 28 de julio de 2026, abrió un escenario distinto para la relación bilateral. La cancillería mexicana, encabezada por Roberto Velasco, mantuvo contactos directos con la nueva mandataria peruana en las semanas previas al anuncio, según confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. El propio Velasco habría hablado “personalmente” con Fujimori para avanzar en la normalización de vínculos, de acuerdo con lo reportado por Latin American News Digest.
El cambio de gobierno en Lima fue determinante para desbloquear un proceso que, bajo la administración anterior, parecía estancado. La nueva cancillería peruana, a cargo del ministro Carlos Espá, adoptó desde el inicio una postura orientada a la recomposición de lazos con países de la región.
Ese mismo viernes, Espá viajó a Colombia para representar a Fujimori en la investidura del nuevo presidente colombiano Abelardo de la Espriella, en lo que la cancillería describió como una señal de la “voluntad de recuperar el más alto nivel de la relación bilateral”.
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El detonante de la ruptura había sido la decisión de México de acoger a Chávez Chino en su embajada en Lima, a comienzos de noviembre de 2025. La exprimera ministra enfrentaba investigaciones judiciales en Perú por su participación en los eventos del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y fue destituido horas después. “Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México”, declaró entonces el canciller Hugo de Zela en conferencia de prensa.
México rechazó la calificación de injerencia y sostuvo que el asilo fue un acto legítimo conforme al derecho internacional. Tras la ruptura, Brasil asumió la representación y protección de los intereses diplomáticos mexicanos en territorio peruano, un rol que ejerció hasta la normalización de este viernes.
El conflicto entre Lima y Ciudad de México se extendió por casi tres años y afectó múltiples dimensiones de la relación bilateral. La tensión comenzó en diciembre de 2022, cuando el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador cuestionó públicamente la destitución de Castillo y México concedió asilo a la familia del expresidente. Desde ese momento, los vínculos se fueron degradando de forma progresiva
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