Legisladores de distintas bancadas expresaron posturas divididas sobre la eliminación de la subvención al diésel dispuesta por el Gobierno mediante el DS 5716. Mientras algunos respaldan la decisión por considerarla inevitable y necesaria para frenar el contrabando, otros la califican como una puñalada a la población y advierten sobre su impacto en la canasta familiar y el transporte.
La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Claudia Bilbao, afirmó que la medida ya muestra resultados porque las filas desaparecieron en los surtidores, lo que demuestra que los contrabandistas ya no pueden llevar combustible al Perú tras el incremento de precio. Sostuvo que “no podemos retroceder porque el 40% de la subvención se iba al contrabando” y calificó de valiente al presidente Rodrigo Paz por asumir la decisión, aunque observó que se equivocó al no aplicarla en los primeros meses de gestión y pidió medidas paliativas para los afectados.
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En la misma línea de respaldo, la diputada de Unidad, Julieta Jiménez, aseguró que era necesario eliminar la subvención, pese a que afectará a todos los bolivianos por el encarecimiento de la canasta familiar. Ante ello, emplazó al Gobernador de La Paz y a los alcaldes a “levantarse de su trono y salir a las calles” para controlar la especulación y evitar que se aprovechen del bolsillo de la gente. También pidió al Gobierno convocar a todos los sectores para evitar conflictos y recordó que en estado de excepción están prohibidos los bloqueos de caminos.
Desde la alianza Libre surgieron las críticas más duras. La senadora Elena Pachacute señaló que el Gobierno “le dio una puñalada por la espalda” a la población al no asumir antes otras acciones para enfrentar la crisis y consideró que el Bono PEPE II es una miseria frente al alza generalizada de precios. Pidió gobernar de cara al pueblo. Su colega, la diputada Cecilia Vargas, afirmó que hubo errores de gobernanza y gobernabilidad al anunciar la medida a medianoche y sin coordinación con los transportistas, lo que fue percibido como una imposición. Recordó que Libre planteó mantener la subvención solo para el transporte público con una monitorización de litros y exigió a las alcaldías de La Paz y El Alto realizar estudios de costos por tramo para evitar el trameaje.
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Por su parte, la diputada de APB Súmate, Esther Góngora, instó a los sectores sociales a suspender las movilizaciones y optar por el diálogo. Señaló que las medidas de presión solo perjudican a la población y profundizan la crisis, por lo que exhortó a instalar mesas de concertación en un clima de respeto mutuo. “Es momento de deponer actitudes sectarias y sentarnos a dialogar por el bienestar del país”, manifestó.