Los ministros de la Presidencia, Fernando Aramayo Carrasco, de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, y de Economía y Finanzas, Christian Morales, presentaron un conjunto de medidas inmediatas destinadas a salvaguardar la economía de los hogares bolivianos. La propuesta surge en respuesta al fin de la subvención del diésel y contempla la puesta en marcha del Bono Pepe II, el acceso a financiamiento preferencial, la liberación arancelaria para el sector productivo, incentivos tributarios y un plan masivo de empleo.
Entre los pilares centrales del anuncio destaca el Bono Pepe II, una transferencia directa que alcanzará a más de 2,9 millones de beneficiarios y representará una inyección social de Bs 874 millones, con un incremento del 50% en comparación con su primera versión. De forma complementaria, el Ejecutivo habilitó una línea de créditos al 6% de interés anual orientada a dinamizar las actividades de transportistas, gremiales, artesanos y productores, inyectando más de Bs 800 millones al aparato productivo nacional.
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El paquete contempla asimismo un alivio fiscal inmediato mediante arancel cero para la importación de maquinaria, semillas y tecnología agrícola como drones, junto con la ampliación del Perdonazo Tributario, beneficio que se prevé alcance a unos 200 mil contribuyentes. En el ámbito laboral, las autoridades resaltaron el avance del Plan de Enlosetados en coordinación con los municipios, iniciativa que a la fecha genera más de 18 mil empleos directos y 55 mil indirectos en todo el territorio nacional.
Durante su intervención, el ministro Aramayo justificó el levantamiento del subsidio al diésel señalando que la medida era insostenible, ya que el Estado destinaba más de 2.600 millones de dólares anuales que terminaban favoreciendo indirectamente al contrabando y a los sectores de mayores recursos. Según detalló la autoridad, más del 50% de la subvención beneficiaba a los estratos de altos ingresos, mientras que solo un 7% llegaba a las familias en situación de vulnerabilidad.
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Finalmente, Aramayo enfatizó que el ajuste económico responde a la necesidad de corregir graves distorsiones estructurales y redirigir esos recursos hacia la construcción de carreteras, hospitales y escuelas. “Hemos definido un paquete de acciones que tiene como prioridad la protección social, poner a las personas por delante”, concluyó el titular de la Presidencia, asegurando que las decisiones adoptadas buscan preservar el bienestar futuro del país por encima de cálculos políticos de corto plazo.