El secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, rechazó contundentemente el Decreto Supremo 5716 que establece la eliminación de la subvención al diésel y el nuevo precio final de este carburante y anunció un ampliado nacional para este martes a las 10:30 en Santa Cruz, en oficinas de la Confederación de Buses. En el encuentro, el sector definirá las medidas que asumirá y exigirá la anulación del decreto, al cuestionar que el Gobierno atienda de forma inmediata las solicitudes de empresarios privados sin consultar al transporte público.
Gómez afirmó que el decreto es atentatorio contra el pueblo y contra el servicio público. “Nosotros estamos pidiendo la anulación de este decreto precisamente porque es atentatoria contra el pueblo. Los ricos están volviéndose más ricos, los pobres estamos volviéndonos más pobres y por eso es esta reacción”, sostuvo, al ratificar que las determinaciones del ampliado nacional se acatarán.
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El dirigente explicó que, según los costos calculados por el sector tras el incremento del diésel, el pasaje debería subir al menos 50 a 60 centavos, aunque existe debate interno sobre si aceptar un 45%. Advirtió que el pueblo no está aceptando el incremento y responsabilizó al Gobierno por el conflicto. “Gobierno, soluciona para nosotros. No nos hagan pelear con el pueblo, no nos hagan pelear ni mucho menos con las alcaldías”, afirmó.
Asimismo, cuestionó la falta de políticas del gobierno para la conversión a GNV, pese al sacrificio que hizo el sector para comprar cilindros y al aporte de 0,20 centavos por consumo destinado a ese fin. “Cilindros sin kit no sirven. ¿Cómo podemos cambiar si no tenemos ahorita un solo kit? Hay dinero y ese dinero debía ser utilizado”, reclamó, al denunciar que los recursos no se transparentan.
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Gómez alertó sobre la magnitud del impacto, señalando que solo en el servicio urbano de Cochabamba, Quillacollo, Punata y otros sectores hay 3.500 vehículos a diésel, cifra que se replica en Oruro, Potosí, Sucre, Tarija y Santa Cruz. Anunció que la Confederación no participará en reuniones convocadas por autoridades hasta después del ampliado y advirtió que muchos transportistas están guardando sus vehículos por falta de rentabilidad ante el precio del combustible.