El presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó la Ley N° 1765 que aprueba un empréstito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por DEG 1.369 millones, equivalentes a $us 1.900 millones, mediante una facilidad de Servicio Ampliado del Fondo (SAF).
El financiamiento está destinado a respaldar el programa integral de reformas económicas del país, en el marco de las medidas adoptadas por el Ejecutivo tras la eliminación de la subvención al diésel y la reorientación del gasto público hacia bonos y créditos productivos.
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La norma autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación (TGN), a asumir el repago de las obligaciones financieras, el servicio de la deuda y los costos asociados al financiamiento. Asimismo, faculta a esa cartera a formalizar todos los actos necesarios para concretar la operación con el organismo internacional.
El Ministerio de Economía deberá remitir semestralmente a la Asamblea Legislativa Plurinacional informes sobre la ejecución del crédito, como mecanismo de control y transparencia en el uso de los recursos externos.
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La ley también establece que el Gobierno deberá ejecutar el empréstito dando pleno cumplimiento al parágrafo IV del artículo 320 de la Constitución Política del Estado, que dispone que toda deuda pública debe ser contraída en resguardo de los intereses nacionales y con destino a inversión productiva y programas sociales.

