Los disturbios ocasionados en inmediaciones de la sede de la Federación Andina de Choferes de la ciudad de El Alto derivaron en la aprehensión de 27 personas, de las cuales siete ya fueron imputadas este miércoles. Un juez cautelar determinó detención domiciliaria y otras medidas cautelares para los acusados.
El hecho ocurrió el 8 de junio en la zona de Villa Dolores, cuando un grupo de choferes ‘autoconvocados’ protagonizó una movilización rumbo a la sede de la federación del transporte sindicalizado local, en medio de consignas contra la dirigencia y su máximo representante, Reynaldo Luna.
“Los dirigentes se han reunido tres veces con el Gobierno, pero hasta el momento no hay soluciones, no han resarcido los daños que ha causado la gasolina basura en nuestros motores”, declaró uno de los manifestantes.
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Los movilizados apuntaron contra sus representantes por la falta de soluciones a los conflictos sociales que atraviesa el país y que perjudica al sector por los bloqueos y paro de transportes indefinido. El avance de la columna estuvo marcado por momentos de tensión, ya que los movilizados recorrieron calles comerciales.
Videos difundidos en redes sociales muestran que algunos de los manifestantes, quienes portaban petardos y palos, exigían el cierre de negocios y locales durante la marcha.
De acuerdo al fiscal asignado al caso, Weimar Molina, al menos 350 marchistas llegaron a la sede de la federación de choferes entre las 12:30 y las 14:30 horas. Ya en el lugar, los movilizados denunciaron una supuesta traición a las bases de parte del dirigente Luna, a quien acusaron de no defender los intereses del sector.
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Minutos después comenzaron los ataques contra la infraestructura con el lanzamiento de piedras y otros objetos contundentes, además de golpes de patada a la puerta de ingreso.
Posteriormente, un contingente de la Policía acudió a la sede de los choferes de El Alto para dispersar a los manifestantes con el uso de agentes químicos. La intervención generó choques esporádicos entre las fuerzas de seguridad y los ‘autoconvocados’ en alrededores del inmueble.
Luego del operativo, la Policía confirmó la aprehensión de 27 personas acusadas de participar en los disturbios y los enfrentamientos con el contingente de seguridad, que dejó destrozos en una patrulla. Sin embargo, las primeras investigaciones determinaron que no todos los sindicados eran transportistas.
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El fiscal Molina precisó que solo 17 de los 27 detenidos ejercen como choferes, mientras que otros reconocieron ser solo estudiantes y no acreditaron vínculos con el sector del transporte.
Varios de los investigados se acogieron a su derecho al silencio durante su declaración informativa, por lo que no se pudo establecer con precisión a qué instituto académico pertenecen.
En ese marco, “se ha podido realizar la imputación formal contra siete personas identificadas y contra las otras personas, que son 20, se ha podido dar inicio a la investigación”, declaró el fiscal.
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Del total de los aprehendidos, siete fueron imputados por los delitos de destrucción o deterioro de bienes del Estado por los daños materiales ocasionados al vehículo policial.
En la audiencia, el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal de El Alto resolvió que la conducta de los sindicados también es compatible con el tipo penal de instigación pública a delinquir y asociación delictuosa. Sin embargo, determinó otorgar arresto domiciliario a los sospechosos, además de otras medidas cautelares.
“La audiencia de medidas cautelares se ha llevado a cabo ayer (miércoles), se les ha imputado a las siete personas y el juez dictaminó detención domiciliaria”, dijo Molina.
Añadió que el resto de los aprehendidos quedó libre debido a que no existen elementos suficientes para fundamentar una imputación formal, aunque permanecen bajo investigación.