Después de los hechos de violencia registrados el pasado fin de semana, el Gobierno Municipal de La Asunta, ubicado en la provincia de Sud Yungas del departamento de La Paz, alista la promulgación de la ley que declara a la región “territorio libre de contaminación por actividad minera”, según informó la diputada de Libre, Beatriz Sarsuri.
“El honorable alcalde va a declarar cero minería en el sector porque la minería ilegal ha traído un problema a la familia yungueña”, afirmó la legisladora yungueña, quien remarcó la molestia de la población por los recientes desastres naturales registrados en el municipio, a causa de la explotación ilegal de minerales.
El 22 de agosto, las Federaciones de Varones y Mujeres de La Asunta se trasladaron hasta el río Boopi para denunciar una presunta explotación minería ilegal atribuida a una empresa de origen chino. La protesta derivó en enfrentamientos con operarios del campamento minero y otro grupo de vecinos que respaldaba las actividades desarrolladas en el lugar.
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Los enfrentamientos derivaron en personas heridas y la quema de vehículos y maquinaria minera. La Policía y la Fiscalía llegaron al sector para intervenir y comenzar las investigaciones.
En un pronunciamiento conocido el domingo, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) señaló que tomó conocimiento de los hechos registrados en La Asunta a través de redes sociales y que ahora coordina con la Policía Boliviana y el Ministerio Público para evaluar las acciones que correspondan.
Reconoció también que enfrenta restricciones de personal y recursos técnicos para atender las denuncias de actividades mineras irregulares.
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Sarsuri afirmó que la movilización de los sectores campesinos responde a los daños ocasionados a infraestructura pública, viviendas y cultivos del municipio por los desbordes de ríos, a causa de las lluvias, movimiento de tierra y posibles actividades mineras en los Yungas, Yanacachi, Chulumani y Coripata que no cumplirían con la normativa.
Según la diputada, la explotación ilegal de minerales en la provincia comenzó hace tres años con el ingreso discreto de equipos livianos, pero en los últimos años los campamentos presuntamente ilegales incrementaron sus actividades y su presencia con maquinaria pesada.
“La gente ha perdido cantidades de siembre de bananos. Ellos siembran hortalizas en las orillas del río. ¿Qué van a hacer ahora? No tienen productos, no tenemos camino para que salga o ingrese producto” a consecuencia del desborde de los ríos, expresó.
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Asimismo, la diputada dijo que solicitó documentación a la AJAM para establecer si se trataba de una cooperativa legal o no, pero afirmó que hasta el momento no obtuvo una respuesta.
Tras los hechos de violencia, pobladores de La Asunta convocaron a un cabildo, donde aprobaron retener la maquinaria pesada hasta alcanzar una solución al avance de la minería ilegal, prohibir la circulación de ciudadanos chinos en el sector, y exigir a las autoridades municipales y nacionales acciones concretar para impedir más asentamientos de minería ilegal.
El lunes, el comandante de la Policía Rural y Fronteriza, Dacar Tirado, infirmó el despliegue de un contingente al municipio para evitar escenarios de confrontación similares a los registrados el fin de semana. Confirmó que las instalaciones de la actividad minera fueron tomadas y que han sido quemadas “dos bombas de agua, cinco poliductos y una volqueta”.
Hasta el momento existe una “relativa normalidad” en la zona, indicó.