El diputado de Libre, William Solís y la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera (Unidad), anunciaron un proyecto de Ley de Lucha contra la Violencia Digital que busca llenar un vacío legal en Bolivia, un tema en el que el país está rezagado desde 2019 respecto a Latinoamérica.
Ambos legisladores explicaron que el proyecto fue trabajado de manera conjunta en mesas técnicas con distintos actores y contempla alrededor de 43 artículos para proteger a la población que ve vulnerados sus derechos en redes sociales. “La normativa menciona que primero se respeta la Ley de Imprenta, también se respeta el derecho a la libre expresión”, afirmó la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera (Unidad).
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Solís precisó que estudios no oficiales señalan que 26% de las mujeres sufrió violencia digital o sexual y otro 18% violencia digital, sin contar con mecanismos de denuncia. El proyecto crea un procedimiento claro, acciones inmediatas para que los operadores que prestan el servicio resguarden información y nuevos ilícitos penales como ciberhostigamiento, ciberacoso, violación a la intimidad sexual mediante TICs, sextorsión o chantaje sexual digital, suplantación de identidad digital y revelación sin consentimiento de datos personales.
Cabrera aclaró que la iniciativa no busca acallar a los medios de comunicación. “Estamos incorporando artículos referentes a la violencia digital dentro del Código Penal con sanciones claras. Según las especificaciones que tenemos, más o menos son entre 3 y 10 años de cárcel de acuerdo a la tipificación”, detalló. Remarcó que periodistas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores son sectores altamente vulnerables al acoso digital.
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Los proyectistas esperan que la propuesta ingrese la próxima semana a la comisión correspondiente y sea tratada este mes en la Cámara de Diputados. “Si bien somos de diferentes bancadas, el compromiso con la sociedad es mucho más importante que los colores políticos”, sostuvo Cabrera, al señalar que las redes se han usado para desprestigiar y que se necesita un marco responsable que acompañe el avance tecnológico en el país.