El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, afirmó que el otrora fiscal general del Estado, Roger Mariaca, participó en las negociaciones entre el Gobierno y sectores movilizados durante los 53 días de bloqueos, a pedido de sectores afines al expresidente del Estado, Evo Morales.
La autoridad cuestionó el rol del Ministerio Público durante en las conversaciones con los movilizados y señaló que detrás las movilizaciones existían presuntos mecanismos de financiamiento y protección institucional.
“Esto (los bloqueos) tenía un padrino desde el Chapare y tenía alguien que financiaba e institucionalmente protegía. ¿Ustedes creen que a este ministro le agradaba sentarse con el fiscal general los 53 días que ha habido el bloqueo y aparezca en la negociación este sujeto?”, declaró.
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Bascopé indicó que la presencia de Mariaca en las negociaciones durante la reciente crisis social resultaba “cuestionable” y consultó qué hacía la máxima autoridad del Ministerio Público en las reuniones destinadas a abordar el conflicto. Según su versión, algunos movimientos sociales, aunque no todos, solicitaron que el fiscal estuviera presente.
“Estaba ahí sentado porque ciertos movimientos sociales, no todos, pidieron que esté este sujeto y era el sector más radical del evismo que estaba en el tema del bloqueo. ¿Qué hacía un fiscal general con nosotros sentado y negociando el tema de bloqueo (…)?”, declaró la autoridad ante los medios de prensa este jueves.
Las movilizaciones y bloqueos de carreteras, que se extendieron entre mayo y junio, afectaron diferentes regiones del país, principalmente occidente y centro. El Gobierno denunció un intento de desestabilización y un supuesto financiamiento del denominado “narcoterrorismo” a las protestas.
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Bascopé vinculó el respaldo a las movilizaciones en rechazo a las medidas del Gobierno a las presuntas estructuras detectadas en el Ministerio Público, situación que –a su criterio– devela los problemas institucionales que atravesó la institución.
Mariaca permanece recluido en el penal de Cantumarca, en Potosí, desde el 5 de octubre, tras ser aprehendido en el marco de una investigación por su presunta participación en una organización criminal vinculada a la protección del narcotráfico.
El exfiscal enfrenta dos órdenes de detención preventiva por seis meses. La primera corresponde a una investigación por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas, mientras que la segunda está relacionada con una causa por supuesta legitimación de ganancias ilícitas.