Ante los anuncios del evismo de activar movilizaciones en octubre, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, advirtió que el Gobierno no permitirá nuevas medidas de presión destinadas a “convulsionar el país”.
“No vamos a permitir que nadie vuelva a convulsionar el país, la democracia es un patrimonio de todos y nadie, nadie va a convulsionar nuevamente el país, nadie va a interrumpir nuevamente el tránsito de mercancías, nadie va a evitar que tengamos medicinas en nuestros hospitales; nadie tiene el derecho a hacerlo”, aseveró la autoridad en conferencia de prensa.
Cuestionó el impacto de los bloqueos registrados entre mayo y junio en el abastecimiento de alimentos y medicamentos, el movimiento económico y el desarrollo del país. En ese marco, responsabilizó al expresidente Evo Morales por las consecuencias de la reciente crisis social que – según dijo– perjudicó “el futuro de los bolivianos”.
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A criterio de Aramayo, Morales no cuenta con la “altura y peso” social, así como “la capacidad moral”, para cuestionar las medidas de la administración nacional en materia de progreso y desarrollo económico nacional.
“Él nos ha quitado futuro, tiene que hacerse un costado para que los bolivianos y bolivianas recuperemos nuevamente nuestro futuro. Nos ha enclaustrado, nos ha aislado del desarrollo; ha manoseado de manera vehemente el futuro de los bolivianos”, manifestó.
También acusó al exmandatario de instrumentalizar las necesidades de los pueblos indígenas y la diversidad cultural con intereses políticos. Ante ello, solicitó dejar atrás la narrativa del conflicto para anteponer el diálogo y el conceso.
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“No le entreguemos ni un muerto más, miremos al futuro”, dijo.
Una reciente congreso nacional del evismo exigió al Gobierno la abrogación de los decretos supremos 5716 y 5727, que elimina la subvención al diésel y autoriza la agilización del proceso de evaluación y cierre de empresas estatales, respectivamente, además de otras medidas que calificó de “neoliberales”, y otorgó un plazo hasta el 3 de octubre.
Caso contrario, amenazó con iniciar protestas en diferentes puntos del país y organizar una marcha nacional hacía la ciudad de La Paz a partir del 13 de octubre.
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Tras la aprehensión del dirigente campesino evista, Nelson Virreria, y posterior remisión a la cárcel de San Sebastián, en Cochabamba, por su presunta participación en los 53 días de bloqueos, cocaleros del Chapare ratificaron el inicio de las movilizaciones y evalúan desarrollar un cerco a La Paz para presionar la renuncia del presidente del Estado, Rodrigo Paz.