El Gobierno prevé analizar “en su momento” un posible retiro de la subvención al Gas Licuado de Petróleo (GLP), en el marco del acuerdo concretado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que contempla eliminar todos los subsidios a los hidrocarburos en 2027.
En el documento denominado “Memorando de Políticas Económicas y Financieras”, enviado al organismo multilateral, el Gobierno se comprometió a congelar los precios internos de los combustibles durante 2026 y desde enero de 2027, los precios deberán alcanzar los niveles de recuperación de costos.
El presupuesto estatal no deberá contemplar subvenciones a los combustibles. En el caso de la garrafa de GLP, su precio actual oscila entre los 22,50 – obtenido en camiones de distribución – y Bs 28, en tiendas de barrio.
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En una extensa conferencia de prensa, el ministro de Economía, Christian Morales, aseguró que el acuerdo técnico no contempla condicionamientos o imposiciones del FMI en el tema de hidrocarburos, sino que “es un tema de responsabilidad económica” del Gobierno para destinar recursos a otras áreas.
Enfatizó que el programa también prevé aumentar el gasto en asistencia social y atender las necesidades de los sectores más vulnerables para contener el impacto por la nueva política económica.
El punto 12 del anexo del acuerdo establece que el Gobierno seguirá “protegiendo a los bolivianos de la volatilidad internacional de los precios del combustible, manteniendo para ello los precios internos del combustible fijos hasta diciembre de 2026 (DS 5652, julio de 2026)”.
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Empero, al ser consultado sobre los ajustes para 2027 abarcan al GLP, la autoridad respondió: “Lo vamos a ir evaluando cuando corresponda, pero en cuanto a combustibles ya hay un tema fijado en el decreto supremo de evaluación a final de la presente gestión”.
“No podemos seguir bajo una estructura de subvención que lo único que te ofrece es, en lugar de destinar recursos para la construcción de hospitales, centros educativos, proyectos camineros o de infraestructura productiva, lo destinas a una subvención regresiva que solamente beneficia a un grupo de personas”, afirmó ante los medios de prensa.
Asimismo, Morales indicó que la administración nacional, en el marco del convenio con el FMI, reducirá el gasto público y continuará con medidas destinadas a superar la crisis económica. Aseguró que los acuerdos no reflejan el inicio de una nueva política económica en el país, sino la continuidad de las medidas que el Gobierno comenzó a implementar desde el inicio de su gestión.
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La anterior semana, el órgano Ejecutivo remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el proyecto de ley que ratifica el acuerdo con el FMI. La iniciativa fue remitida a la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados y una eventual aprobación del pleno legislativo permitirá recibir los desembolsos durante un periodo de tres años.
Según el proyecto, el acuerdo otorga a Bolivia 1.369 millones de derechos especiales de giro (DEG), equivalentes a $us 1.900 millones, para financiar medidas económicas frente a los “persistentes” desequilibrios fiscales y externos que le han afectado en los últimos años.