El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar, anunció la solicitud de informes al órgano Ejecutivo para evaluar una posible ampliación del Estado de excepción, régimen que –según dijo– permitió garantizar la estabilidad social y restablecer la cotidianidad de la población.
“Obviamente ha dado frutos: estabilizar el país, dar regularidad a la vida cotidiana no del Gobierno, sino de los bolivianos, esa ha sido la premisa de este Estado de excepción”, declaró.
Castro manifestó que, de acuerdo a la normativa vigente, el órgano Ejecutivo deberá remitir a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley para la extensión de la medida restrictiva junto con los informes y respaldos técnicos.
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Afirmó que, luego de analizar los resultados del Estado de excepción y los argumentos del Gobierno para una ampliación del régimen excepcional, se definirá un eventual respaldo o rechazo de la propuesta estatal.
“SI corresponde, buscaremos la coordinación y los consensos con las distintas fuerzas para ver la pertinencia de que pueda continuar”, dijo Castro.
La norma no establece límites para la ampliación del Estado de excepción, por tanto, puede ser los seis meses que plantea el Gobierno. La ley 1740 exige que la Asamblea Legislativa autorice primero el tiempo de extensión y luego el órgano Ejecutivo podrá emitir un decreto y consolidar la medida.
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A poco menos de tres semanas del fin del régimen de excepción, los conflictos sociales retornaron al país, cuando campesinos de Beni instalaron un punto de bloqueo en la carretera que conecta la región con Santa Cruz en protesta por el ajuste en el precio del litro de diésel. La movilización provocó que otros sectores sociales, que exigen soluciones al desabastecimiento de combustibles, se rearticulen y hablen de medidas de presión.
Según Castro, una ampliación o conclusión de la medida deberá ser determinada en base a los informes respectivos, aunque destacó que su vigencia garantizó regularidad en el desarrollo de las actividades cotidianas de la ciudadanía.
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“Si corresponde estirarlo, seguramente buscaremos los consensos necesarios”, dijo.
De aplicarse la idea del Gobierno, el próximo Estado de excepción empezaría el 20 de septiembre y concluiría el 20 de marzo de 2027.