El acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) establece que Bolivia eliminará las subvenciones al combustible a partir de 2027, con un esquema de recuperación de costos que entrará en vigencia en enero de ese año. El presupuesto de 2027 no contemplará recursos del Tesoro ni de empresas estatales para subsidiar los carburantes.
El pacto señala que los precios internos se mantendrán fijos hasta diciembre de 2026, en el marco del DS 5652 aprobado en julio. “Seguiremos protegiendo a los bolivianos de la volatilidad internacional de los precios del combustible, manteniendo para ello los precios internos del combustible fijos hasta diciembre de 2026”, indica el punto 12 del anexo.
LEE TAMBIÉN: Trump promete 5.000 dólares “a todos los adultos” si los republicanos ganan las elecciones legislativas
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ya reconoció la “incosteabilidad” del esquema actual, incluso tras la subida de precios de esta gestión, en un contexto marcado por el alza internacional por la guerra en Medio Oriente.
En paralelo a la eliminación de subvenciones, el acuerdo plantea incrementar el gasto en asistencia social con protección focalizada para hogares vulnerables. No descarta otorgar apoyo temporal y dirigido a grupos prioritarios durante la transición.
LEE TAMBIÉN: Fiscalía cita al empresario Robin Jofré como testigo en caso de enriquecimiento ilícito contra Cerimedo
El texto también compromete medidas para reducir drásticamente el gasto público y plantea limitar la contratación de personal, recortar inversión y bajar gastos en bienes, servicios y otras subvenciones.
El Gobierno envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley para un crédito con el FMI por 1.369 millones de DEG, unos 1.900 millones de dólares, destinado a apoyar un programa integral de reformas económicas. El documento reconoce riesgos elevados para la aplicación de las medidas y advierte que, de ser necesario, se podrían aplicar medidas fiscales adicionales, endurecer la política monetaria y dictar medidas temporales para salvaguardar la estabilidad financiera.