El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, denunció este miércoles ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) que el país se enfrenta a hechos que “amenazan el orden democrático”.
“El Estado Plurinacional de Bolivia desea alertar, con profunda preocupación, sobre una serie de hechos que amenazan gravemente el orden democrático, la institucionalidad y los derechos fundamentales de nuestro pueblo”, señaló Aramayo al inicio de su intervención y dijo que su país acude al Consejo Permanente porque los “desafíos que afectan la estabilidad institucional de un Estado miembro merecen la atención y el acompañamiento de la comunidad interamericana”.
Según el canciller, las manifestaciones “exceden el legítimo ejercicio de la protesta social y política” y están orientadas a “generar desestabilización institucional, debilitamiento del gobierno y alteración del orden democrático”.
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El Consejo Permanente se reunió a solicitud de Bolivia, para dialogar sobre la “situación política” del país, en un encuentro que tuvo lugar en el Salón de las Américas en Washington DC.
A través de una videoconferencia, el canciller Aramayo detalló los hechos de violencia que se habían producido días antes en La Paz cuando marchistas de diferentes sectores protagonizaron enfrentamientos con la Policía, ataques a instituciones públicas y estaciones de transporte, además de agresiones contra la ciudadanía.
“El Gobierno boliviano reconoce y respeta el derecho a la protesta pacífica”, señaló Aramayo, pero remarcó que “ninguna reivindicación política o sectorial puede justificar el uso de la violencia, la intimidación, la coerción colectiva ni la vulneración de los derechos fundamentales de la población”.
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Bolivia atraviesa una escalada de conflictos sociales que iniciaron a principios de mayo con demandas sectoriales específicas, como aumentos salariales y mejoras en la calidad del combustible y en rechazo a una ley que autorizaba reformas agrarias. A pesar de que el Gobierno ha logrado neutralizar algunos focos de tensión con acuerdos sindicales, indígenas del altiplano iniciaron bloqueos de caminos para exigir la renuncia de Paz, que asumió funciones en noviembre.
A dos semanas de los primeros piquetes, las protestas se han masificado y se han extendido territorialmente. Este miércoles, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó 47 bloqueos en carreteras de al menos seis regiones del país.
En este contexto, la administración de Paz ha convocado a los sectores sociales que tienen “demandas legítimas” al diálogo para negociar soluciones. Sin embargo, han advertido con procesos a quienes busquen desestabilizar al Gobierno.
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“Nosotros vamos a actuar con dos instrumentos: el diálogo para los sectores legítimos y la ley en la mano para aquellos que están atentando contra la democracia”, señaló el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.
La situación en Bolivia ha motivado el interés de la comunidad internacional. En los últimos días, ocho países latinoamericanos, además del gobierno de Estados Unidos y más de 30 expresidentes de América y España expresaron su preocupación por los estallidos sociales en Bolivia.
Este martes el secretario de Estado adjunto estadounidense, Christopher Landau, calificó las protestas como un intento de “golpe de Estado”.
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“Esto es un golpe financiado por esta alianza maligna de la política y la delincuencia organizada a lo largo de la región”, señaló el número dos del Departamento de Estado.
// Infobae