El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, promulgó este viernes la Ley de Modificación del artículo 25 de la Ley Nº 260, Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece mecanismos para la suspensión del Fiscal General del Estado y la designación de una autoridad interina. La norma fue sancionada previamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional con más de dos tercios de votos.
La nueva disposición incorpora la figura de la suspensión definitiva del Fiscal General cuando exista imputación formal o medida cautelar por delitos graves. Según el texto promulgado, dicha suspensión “tendrá el efecto de interrupción inmediata y cese de funciones”, y podrá ser dispuesta por la Asamblea Legislativa con el voto de dos tercios de los asambleístas presentes.
LEE TAMBIÉN: FMI aprueba financiamiento de $us 1.900 millones para Bolivia y habilita desembolso inmediato de $us 214 millones
Asimismo, la ley establece que en la misma sesión en la que se apruebe la suspensión, el Legislativo deberá designar a un fiscal interino que ejercerá las funciones hasta la elección de un nuevo titular. El interino tendrá como misión prioritaria desmantelar toda estructura criminal vinculada a la causa que motivó la suspensión y realizar las acciones necesarias para garantizar la continuidad institucional.
La promulgación se da en el marco del caso que involucra al fiscal general Roger Mariaca, aprehendido y con imputación formal por la Fiscalía, quien aguarda su audiencia de medidas cautelares. La norma surge como respuesta legislativa para evitar vacíos institucionales ante situaciones que comprometan la conducción del Ministerio Público.
LEE TAMBIÉN: Alcaldía cruceña presenta estudio de costos y define el futuro del precio del pasaje en micros
Con la promulgación, la ley entra en vigencia de forma inmediata y habilita a la Asamblea Legislativa a activar el procedimiento de suspensión y designación interina. El Órgano Ejecutivo señaló que la medida busca fortalecer la institucionalidad, garantizar la independencia del sistema de justicia y preservar la continuidad del servicio fiscal en el país.