El Gobierno del presidente Rodrigo Paz declaró “persona non grata” a la embajadora de Colombia en Bolivia, Elizabeth García Carrillo, por la supuesta “injerencia” del mandatario de ese país, Gustavo Petro, sobre el conflicto social que atraviesa Bolivia.
El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, explicó que la determinación responde ante las reiteradas declaraciones del gobernante colombiano sobre asuntos internos del Estado Plurinacional.
“La embajadora fue declarada persona ‘non grata’ ante las insistentes declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro de injerencia en política interna boliviana, así como el endoso que hace el movimiento político desestabilizados de la democracia”, afirmó.
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En medio de la situación política y social que atraviesa el país, el presidente colombiano aseguró el domingo que “Bolivia vive una insurrección popular”.
Incluso, expresó su disposición de participar, “si es invitado», como intermediario en el conflicto para “buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana”.
En su pronunciamiento, Petro afirmó que “no debe haber presos políticos en ninguna parte de las Américas” y que “debemos construir una democracia profunda y multicolor”.
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Posteriormente, la Cancillería de Bolivia rechazo las afirmaciones realizadas por el mandatario colombiano y reiteró la importancia del respeto a la soberanía y a la no injerencia en asuntos internos. En el comunicado, asegura las declaraciones de Petro “no reflejan la relación de amistad, respeto y cooperación entre los pueblos de Bolivia y Colombia”.
Además, el Gobierno boliviano aseguró que considera “improcedente cualquier interpretación o caracterización externa” que pueda distorsionar la situación actual del país o profundizar las tensiones internas.
Las declaraciones del mandatario colombianos y la posterior respuesta de la Cancillería boliviana se producen en medio de un contexto complejo en Bolivia, marcado por una creciente conflictividad por las movilizaciones y bloqueos de carreteras por parte de sectores sociales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
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Las protestas sociales mantienen cercadas las ciudades de La Paz y El Alto desde hace tres semanas e impiden el abastecimiento de combustibles, alimentos e insumos médicos.