El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expulsó a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, por las declaraciones del presidente de ese país, Gustavo Petro, sobre los conflictos en Bolivia que las autoridades nacionales consideran una «injerencia».
Recientemente, ambos países protagonizaron un impase diplomático luego que el mandatario colombiano aseguró que “Bolivia vive una insurrección popular” en medio de las movilizaciones y bloqueos de sectores que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, e incluso se ofreció como mediador en el conflicto.
Posteriormente, la Cancillería rechazó las declaraciones de Petro y subrayó que la situación interna del país debe ser abordada únicamente por sus instituciones democráticas. Además, reiteró que ya existen espacios de diálogo en curso y enfatizó el principio de no intervención en asuntos internos de otros Estados.
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“El Gobierno boliviano ha decidido solicitar a la Embajadora de la República de Colombia acreditada en el país la conclusión de sus funciones diplomáticas en territorio boliviano, otorgándole el plazo correspondiente conforme a las normas internacionales vigentes”, dice el reciente comunicado de la Cancillería.
De acuerdo al documento, la decisión surge ante “la necesidad de preservar los principios de soberanía, no injerencia en asuntos internos y respeto mutuo entre Estados, pilares fundamentales de la convivencia internacional y de las relaciones diplomáticas entre naciones soberanas”.
Sin embargo, la institución aclaró que esta determinación no constituye una ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia, “ni afecta los históricos vínculos de amistad, cooperación y respeto entre ambos países”.
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“Bolivia reafirma que las diferencias políticas y sociales internas deben resolverse exclusivamente dentro del marco constitucional boliviano, mediante mecanismos democráticos, institucionales y pacíficos, sin interferencias externas que puedan alterar la estabilidad institucional o profundizar la polarización”, indica el texto.
Las declaraciones del presidente colombiano y la posterior respuesta de la Cancillería boliviana se producen en medio de un contexto complejo en Bolivia, marcado por manifestaciones sociales que mantienen cerradas desde haces tres semanas las principales vías de acceso a las ciudades de La Paz y El Alto.