Cruzar la calle con miedo a que una piedra te parta la cabeza, o cerrar la cortina de tu negocio temblando porque escuchas los petardos cada vez más cerca, no es normal. No podemos normalizarlo. Los recientes sucesos que hemos vivido en nuestras calles nos han dejado un saldo que va mucho más allá de los ladrillos rotos; nos han dejado el reflejo de una sociedad que parece estar perdiendo la humanidad. ¿En qué momento el derecho a protestar se convirtió en el derecho a destruirle la vida al otro?
Miremos el primer escenario. Los cooperativistas mineros. Hombres de trabajo duro, sí, que tienen todo el derecho de exigir y marchar. Pero la protesta pierde toda su alma cuando se traduce en violencia. ¿Cómo se explica que la defensa de un derecho termine en romper vidrios, en destrozar la infraestructura que nos cuesta a todos, en patear puertas y destrozar los pequeños negocios de la gente humilde?
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A ese comerciante, a ese vecino que vive al día y que no tiene vela en este entierro, se le arrebató la tranquilidad. Ver a mujeres llorar de impotencia, con el miedo en los ojos ante la pérdida del fruto de su esfuerzo, no es reivindicación social. Eso es crueldad. Y duele más saber que la intolerancia se ensañó con los trabajadores de la información. Golpear a periodistas, agredir a quienes solo portan una cámara o un micrófono para contar la verdad, es querer apagar la luz para que nadie vea los excesos. Cuando se golpea a un comunicador, se golpea el derecho de todo un pueblo a saber qué está pasando.
Pero quizás la paradoja más dolorosa la vimos en el otro sector: el magisterio rural. Los profesores. Los educadores. Aquellos que en las aulas del campo y de las provincias tienen la sagrada misión de moldear el futuro de nuestros niños. Ellos son quienes enseñan valores, respeto, civismo y convivencia.
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Ver a quienes deben educar con el ejemplo destrozando las paredes del Ministerio de Educación, haciendo caer infraestructura y destruyendo jardineras, nos deja con una contradicción que hiela la sangre. Si el maestro, que es el espejo donde se miran nuestros hijos, utiliza la fuerza bruta para derribar muros en lugar de la palabra para construir puentes… ¿qué ejemplo les estamos dando a las nuevas generaciones? Esas jardineras hechas pedazos son el símbolo de algo mucho más grave: el destrozo del respeto por el espacio de todos.
Ante tanto caos, surge una pregunta que ya está en la boca de muchos: ¿Será la solución una ley de libre transitabilidad? Una denominada «ley antibloqueos» para poner un freno definitivo a todo esto. Y si parece una salida lógica, ¿por qué no se hace? ¿Por qué se dilata? Quizás porque el papel aguanta todo, pero la realidad de nuestro país es más compleja. Una ley puede ordenar el libre tránsito, pero si no hay voluntad política para aplicarla, o si se teme que la norma encienda aún más la hoguera social, se queda en letra muerta. El desafío no es solo escribir leyes, sino recuperar la autoridad y el principio de que los derechos de uno terminan donde empiezan los del resto.
La protesta es legítima, claro que sí. Pero deja de serlo en el milisegundo exacto en que se convierte en agresión. No se puede exigir justicia cometiendo injusticias. No se puede pedir respeto destruyendo la vida y el entorno del prójimo.
Detrás de cada vidrio roto hay una familia con miedo. Detrás de cada pared derribada hay un retroceso. Detrás de cada lágrima de una mujer afectada por el caos, hay una fractura en nuestra convivencia.
Es momento de que la dirigencia, los sectores y cada uno de nosotros pensemos realmente hacia dónde vamos. La violencia jamás ha sido, ni será, la solución a nada; solo es el síntoma de una sociedad que se está deshumanizando. Construir nos cuesta años de esfuerzo; destruir, apenas unos segundos de furia. Volvamos a la cordura, volvamos a la palabra, antes de que terminemos de romper todo lo que nos une.
Te lo digo pensando: Por el periodista Hialmar Saul Sánchez

