El expresidente del Estado, Evo Morales, rechazó las acusaciones del Gobierno sobre presuntos vínculos con el narcotráfico y financiamiento a las protestas sociales que mantienen cercado al departamento de La Paz.
Morales consideró que los señalamientos del Gobierno pretenden deslegitimar las movilizaciones de distintos sectores sociales y justificar una eventual militarización en medio de la creciente tensión social.
“Hablan de un financiamiento del narcotráfico, y es muy delicado tratar de criminalizar y deslegitimar las movilizaciones que ahora hay en el país”, afirmó durante su intervención en la radio cocalera.
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Agregó que la administración nacional buscaría “satanizarlo» e iniciar procesos contra dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB).
En conferencia de prensa, el vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, denunció la noche del jueves la existencia de un “plan macabro macabro, pensado, operado y financiado desde el Chapare», en Cochabamba, alegando que los movilizados «reciben dinero del narcotráfico y usan herramientas del terrorismo para generar bloqueos y métodos violentos con el fin de hacerse del poder a la fuerza”.
Morales negó su participación en los conflictos sociales y recordó el caso “narcovínculos”, durante el Gobierno del expresidente Jaime Paz Zamora, para señalar que “el verdadero narcotráfico” estuvo vinculado a esos hechos que llevaron a la cárcel al exdirigente del MIR, Óscar Eid.
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Sostuvo también que las protestas y movilizaciones superaron las demandas sectoriales y soluciones a las principales problemáticas del país, y ahora persisten por un rechazo a las reformas impulsadas por el Gobierno de Rodrigo Paz que incluye –según dijo– un proceso de privatización de las empresas públicas.
Dicha versión fue rechazada en reiteradas ocasiones por diferentes autoridades de la administración nacional.
No obstante, Morales deslindó responsabilidades en la crisis de los combustibles y recordó que su Gobierno no aprobó decretos y leyes como la 1720, de conversión voluntaria de tierras, actualmente abrogada.
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Asimismo, la exautoridad denunció un plan para detenerlo con participación de efectivos de organismos internacionales, como la DEA de Estados Unidos (EEUU). “Yo digo que me procesen, que me detengan, ojalá no me maten, solamente quiero eso”, pidió.
Sostuvo que ningún Gobierno logró demostrar las denuncias de narcotráfico en su contra y que actualmente no tiene injerencia en las protestas, pese a que una marcha de sus bases se dirige a La Paz exigiendo la dimisión del presidente, en sintonía con la COB y la federación departamental de campesinos.
Actualmente, Morales tiene orden de aprehensión en su contra por el delito de trata de personas con agravante, sin embargo, se encuentra confinado en el Trópico bajo resguardo de sus seguidores, lo que paralizó el proceso hasta su aprehensión o su apersonamiento voluntario.