El presidente Rodrigo Paz encabezó este martes una reunión crucial con los alcaldes de las nueve ciudades capitales del país y El Alto para avanzar en la propuesta del «50-50», un esquema de redistribución fiscal que busca desmontar el modelo centralista e impulsar la reactivación económica regional. Durante el encuentro, el mandatario confirmó el respaldo técnico del Banco Mundial a través de la especialista Susana Cordero, además de anunciar un paquete multilateral proyectado en casi $us 10.000 millones para los próximos años con organismos como la CAF, el BID y el FMI.
En su intervención, Paz remarcó que la transición hacia una equidad distributiva debe ejecutarse de forma gradual y ordenada, asegurando que la intención del nivel central es dotar de sostenibilidad tributaria e instrumentos a los municipios sin transferirles la quiebra ni la deuda estatal, la cual supera los $us 40.000 millones. El jefe de Estado hizo un llamado explícito a romper con la cultura del reproche entre niveles de gobierno y coordinar en equipo, remarcando que el plan beneficiará no solo a las grandes urbes sino a la totalidad del territorio nacional.
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Por su parte, las autoridades subnacionales ingresaron al encuentro con propuestas concretas para definir el mecanismo del nuevo Pacto Fiscal. El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, planteó que la medida se aplique desde 2027 contemplando un reparto del 50% de los recursos coparticipables asignado en un 30% para municipios, 13% para gobernaciones y 7% para universidades públicas, condicionado a la transferencia formal de nuevas competencias institucionales.
La agenda técnica abordó de forma prioritaria el impacto operativo del Decreto Supremo 5716, norma que eliminó la subvención estatal al diésel. Frente a esta medida, los burgomaestres expusieron la necesidad de recibir partidas extraordinarias o esquemas de compensación que eviten el encarecimiento de servicios públicos esenciales como el aseo urbano, el mantenimiento de redes viales y la operación de maquinaria pesada, sugiriendo que los ahorros por el subsidio se canalicen directamente a salud, educación e infraestructura.
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