A más de tres semanas de las trágicas explosiones registradas en el Regimiento Bolívar del municipio de Viacha, la Fiscalía Departamental de La Paz realizó la entrega formal de los restos de los seis soldados que permanecían sin identificar. El fiscal departamental, Luis Carlos Torrez, confirmó que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) logró certificar con precisión la identidad de los fallecidos a través de pruebas científicas de ADN, permitiendo que sus familiares concluyan con la angustiosa espera y puedan darles una digna sepultura.
«Ya tenemos certeza de los restos humanos que pertenecen exclusivamente a estas seis personas que han fallecido en la explosión», declaró Torrez en dependencias de la morgue de la sede de Gobierno, donde los restos mortales se dispusieron en sus respectivos féretros tras un complejo trabajo pericial. Torrez destacó que el análisis genético se concretó en un tiempo menor al habitual, considerando que las detonaciones del pasado 4 de septiembre generaron graves destrozos y la recolección de 48 bolsas con restos humanos en el recinto militar, completando así la nómina de las 14 personas afectadas por el siniestro, de las cuales solo ocho habían sido identificadas inicialmente.
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En paralelo al cierre de esta fase forense, el Ministerio Público anunció que esta semana se notificará el informe pericial definitivo que establecerá con certeza técnica y objetiva las causas del hecho. Las investigaciones preliminares se centran en las severas irregularidades detectadas en el manejo, custodia y tratamiento del material explosivo, particularmente en el acopio de pólvora negra dentro de los almacenes militares, donde presuntamente se omitieron los protocolos de seguridad estandarizados.
Ante estos hallazgos, la Fiscalía perfila acciones legales inmediatas y citaciones que involucran a la cadena de mando militar e institucional. Torrez adelantó que la comisión de fiscales a cargo convocará a declarar a altas autoridades del sector, incluyendo a exministros de Defensa y a comandantes de las Fuerzas Armadas, para deslindar responsabilidades administrativas y penales sobre las deficiencias de seguridad que provocaron el evento.
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Finalmente, el fiscal departamental remarcó que las decisiones procesales serán asumidas con firmeza una vez recepcionado el peritaje técnico final. En virtud de las facultades que otorga el ordenamiento jurídico, no se descarta la emisión de órdenes de aprehensión directas ni nuevas citaciones contra los sospechosos de negligencia, garantizando así una respuesta objetiva e integral para los familiares de las víctimas y la sociedad boliviana.