En una reunión de más de dos horas entre el Presidente del Estado, ministros y las autoridades de las ciudades capitales y El Alto, suscribieron el Acuerdo N° 002/2026 en el marco de la «Agenda 50/50». El encuentro sirvió para abordar la asignación de recursos, reducir las asimetrías regionales y acordar medidas inmediatas frente a la crisis económica. La alcaldesa de Sucre, Fátima Tardio, en representación de las urbes donde se concentra entre el 60% y el 70% de la población del país, destacó la importancia de superar el centralismo y avanzar hacia un modelo fiscal más equitativo y compensatorio.
Uno de los puntos más urgentes expuestos por los alcaldes fue la solicitud de un incremento presupuestario inmediato para encarar el cierre del año fiscal 2026. Al respecto, el Ministerio de Economía asumió el compromiso de evaluar mecanismos financieros y programas de educación fiscal que otorguen liquidez a las municipalidades para concluir la gestión de manera óptima y planificar un 2027 con mayor estabilidad. Asimismo, se planteó agilizar la burocracia que ralentiza el flujo de fondos de cooperación e inversión internacional —los cuales actualmente atraviesan engorrosos trámites en Cancillería y ministerios— en un contexto apremiante marcado por la escasez de diésel y emergencias locales.
LEE TAMBIÉN: Juzgado de La Paz ordena levantar arraigo de Medinaceli por caso “gasolina basura”
La redeterminación de competencias administrativas y financieras ocupó un lugar central en los debates. Tardio enfatizó la urgencia de definir claramente qué responsabilidades deben ser asumidas y financiadas al 100% por el nivel central del Estado, en especial dentro del sistema de salud. La alcaldesa chuquisaqueña sostuvo que las brechas de desarrollo han postergado históricamente a diversas regiones y remarcó la necesidad de aplicar políticas de compensación que garanticen una distribución de recursos equitativa e igualitaria, adaptada a la heterogeneidad de cada municipio.
Por su parte, el director ejecutivo del Servicio Estatal de Autonomías (SEA), Alfonso Lema, explicó que el acuerdo alcanzado se fundamenta en un trabajo metodológico diferenciado que contempla tres ejes estratégicos: libertades autonómicas, reformas al marco normativo —incluyendo la revisión de trabas burocráticas en la Ley N° 1178 y el impulso a las alianzas público-privadas— y acuerdos fiscales sostenibles. Lema subrayó que la Agenda 50/50 busca optimizar la gestión del Estado en su conjunto para garantizar servicios públicos de calidad, reconociendo las distintas capacidades institucionales y las presiones que ejercen los fenómenos de metropolización.
LEE TAMBIÉN: Morales dice que Paz lo ataca e insulta para encubrir “la decadencia de su gestión”
Como parte de los compromisos inmediatos del convenio, se acordó iniciar una auditoría a las transferencias de coparticipación tributaria, gestionar el alivio financiero mediante la reprogramación de deudas municipales y conceder un plazo de 15 días a los ministerios de Economía e Hidrocarburos para presentar respuestas técnicas sobre alternativas fiscales del fondo hidrocarburífero. La Agenda 50/50 se ejecutará de forma progresiva mediante mesas técnicas permanentes y una serie de normativas que se integrarán al Consejo de Coordinación Técnica, mientras se aguarda una próxima reunión ampliada que sumará a los gobernadores del país.