El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, afirmó este viernes que se debe identificar a las organizaciones no gubernamentales, fundaciones o entidades que presuntamente estarían financiando las movilizaciones y bloqueos que se registran en el país desde hace dos semanas.
«Cualquier organismo, ONG o fundación que esté en el país y esté en acción desestabilizadora, quien esté financiando movimientos desestabilizadores, va a ser fiscalizado y tiene que responder también a nuestra norma», sostuvo la autoridad, a tiempo de señalar que cualquier investigación debe realizarse respetando los mecanismos legales y con intervención del sistema judicial.
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“Quien tenga presencia en este país no puede intervenir en asuntos de política interna”, dijo Aramayo, luego de participar en la presentación de un informe regional sobre democracia y desarrollo. El canciller aseguró que, una vez identificadas las organizaciones involucradas, estas serán fiscalizadas y deberán responder ante la justicia.
La declaración surge después de denuncias realizadas por actores políticos y cívicos que apuntan a posibles financiamientos externos para las protestas.
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El senador Leonardo Roca, de la bancada Libre, solicitó investigar y cancelar la personería de ONG que, según afirma, estarían incumpliendo normas nacionales. Por su parte, el Comité pro Santa Cruz pidió la expulsión de fundaciones que supuestamente respaldan acciones “desestabilizadoras”.
Aramayo remarcó que el Gobierno no busca estigmatizar a países cooperantes ni a organismos internacionales, pero insistió en que se debe transparentar el destino de los recursos destinados a organizaciones que operan en Bolivia.