En medio de los bloqueos y protestas, particularmente, en el departamento de La Paz, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, denunció un intento de “desmontar” al Estado democrático y aseguró que sus principales promotores serán encarcelados.
Durante la presentación del Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el primer mandatario sostuvo que el proceso que inició tras su llegada a la silla presidencial “es irreversible”, pese a los discursos radicales y medidas de presión que afectan al país.
“Este es un proceso democrático de la patria y es irreversible le guste o no le guste al que quiera desmontar o destruir a la patria democrática”, afirmó.
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Hace más de una semana, Bolivia atraviesa por un periodo de conflictos con manifestaciones diarias en la sede de Gobierno y puntos de bloqueos de mantienen cercado el departamento de La Paz. Los sectores que mantienen activas las protestas con la Central Obrera Bolivia (COB), la federación de campesinos, y sectores afines al expresidente Evo Morales que, recientemente, radicalizaron su posición y exigen la renuncia del jefe de Estado, a tan solo seis meses de asumir el mando del país.
El Gobierno logró suscribir acuerdos con varias organizaciones, pero los principales impulsores de las movilizaciones cerraron filas en torno al rechazo del diálogo y ratificaron la continuidad de las medidas de presión hasta conseguir su objetivo.
Ante ello, Paz Pereira advirtió consecuencias legales contra quienes intenten quebrar el orden constitucional. “Esos que intentan desde el pasado destrozar la democracia se van a ir a la cárcel”.
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El presidente defendió el modelo democrático y afirmó que Bolivia dejó atrás la política del partido único.
“Ya no hay un partido político, ahora hay diversidad. Es un logro de la democracia”, dijo a tiempo de recordar que durante la época del Movimiento Al Socialismo (MAS), hubo un frente político hegemónico que se reservaba la toma de decisiones en el país.
Recordó además las presiones políticas y los procesos judiciales abiertos en su contra durante los gobiernos del MAS. Según precisó Paz, enfrentó 16 causas penales en la gestión de Evo Morales y cinco, en la administración de Luis Arce.
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A criterio del mandatario, los procesos tenían la finalidad de expulsarlo del país, situación que consideró injusta e inconstitucional.
Varios sectores sociales y actores políticos que rechazan las protestas y bloqueos solicitaron al Gobierno recurrir a métodos constitucionales para desplegar a las fuerzas del orden –Policía y Fuerzas Armadas (FFAA) – para despejar las rutas y normalizar el abastecimiento de alimentos e insumos médicos.
Al respecto, el jefe de Estado descartó esta posibilidad y argumentó que la confrontación es, precisamente, el factor que buscan los promotores de la protesta para justificar un quiebre democrático.
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“Entiendo la lógica de que el Estado está para reprimir ciertas situaciones; pero esa es también la lógica que busca el pasado es que la confrontación genere la causa de la interrupción de la democracia. Hay que entenderlo claramente”, afirmó.
Por últimos, Paz sostuvo que su administración busca consolidar un Estado “fuerte”, pero enmarcado en la democracia y no subordinado a intereses partidarios o políticos. “La ley tiene que estar a la altura de la democracia”, dijo.