Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de una iniciativa para abrogar la Ley 1720, de conversión voluntaria de tierras, la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz se declaró en estado de emergencia y anunció que coordina con la institucionalidad cruceña la defensa de la norma y la estrategia política para la sesión en el Senado.
El presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Fernando Pareja, informó que la sesión aprobó un voto resolutivo de respaldo a la ley y de rechazo a su abrogación. Según explicó, 43 de los 44 parlamentarios presentes respaldaron las conclusiones del documento, solo la diputada Diana Romero, esposa del vicepresidente Edmand Lara, no respaldó la resolución.
“Sería un error (abrogar la Ley) porque le quita las posibilidades al pequeño productor de acceder a créditos y modernizar la producción. También le quita a Bolivia la manera de generar más recursos a través de créditos de incentivos que reciban los pequeños productores”, afirmó.
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El documento respalda el contenido y alcance de la norma, y rechaza las “actitudes desestabilizadoras y antidemocráticas” que buscan afecta la estabilidad del Gobierno y de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Además, exige al Gobierno nacional defender la institucionalidad democrática y abstenerse de intervenir en el órgano Legislativo, además de exhortar a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALD) a preservar la seguridad jurídica y la estabilidad normativa vinculada al régimen agrario y productivo.
En esa línea, el senador de Libre y proyectista de la norma, Branko Marinkovic, sostuvo que el futuro de la Ley 1720 será definido en la Cámara de Senadores y expresó su disposición de seguir los lineamientos de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y del Comité Cívico Pro Santa Cruz respecto a la estrategia política en defensa de la iniciativa.
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Aseguró que la norma beneficia a pequeños productores con títulos legalizados y negó cualquier perjuicio a territorios indígenas y tierras comunitarias.
La Ley 1720, autoriza la conversión voluntaria de pequeñas propiedades agrarias tituladas a medianas propiedades, permitiendo que estas tierras sean utilizadas como garantía bancaria para acceder a créditos. Busca fomentar la competitividad y la modernización productiva, generó un conflicto que mantiene en tensión a sectores del agro y al gobierno, que busca el diálogo.
Por su parte, el primer vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, ratificó el rechazo de la institucionalidad regional a la abrogación de la Ley y planteó avanzar hacía “leyes regionales” para que cada departamento pueda definir sus propias políticas productivas.
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“La pelea hay que darla”, sostuvo, al confirmar que estarán pendientes de la decisión que asuma la Cámara de Senadores y coordinan acciones con distintas instituciones cruceñas y el agro.
Si bien la abrogación de la Ley 1720 fue aprobada en la Cámara de Diputados, el Senado será como el escenario clave que definirá el rumo final del proyecto. La bancada de Libre buscará ralentizar el tratamiento y abrir un frente para mantener la norma.