Las máximas autoridades del órgano Judicial enviaron una nota formal al presidente del Estado, Rodrigo Paz, en la que solicitan la implementación inmediata de un sistema integral de seguridad para magistrados, consejeros y sus familias, en un plazo “no mayor a 72 horas”.
“Nos dirigimos a su autoridad para exigir la adopción inmediata de todas las medidas de seguridad, protección y resguardo institucional en favor de las magistradas, magistrados, consejeras y consejeros del órgano Judicial, en igualdad de condiciones a las actualmente dispuestas para los ministros de Estado y altas autoridades del órgano Ejecutivo”, dice la misiva.
El documento, respaldado por la Sala Plena Ampliada del sistema judicial, que incluye al Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, expresa la preocupación de los altos cargos del sistema judicial del país por la “situación de vulnerabilidad en la que ejercen funciones” y advierten sobre la falta de mecanismos permanentes y eficaces de protección.
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El pronunciamiento institucional surge luego del reciente asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, en la ciudad de Santa Cruz, la anterior semana. El hecho generó alarmas dentro del órgano Judicial y preocupación por la vida e integridad de los administradores de justicia.
Entre las acciones solicitada al primer mandatario se encuentra la implementación inmediata de un sistema permanente de seguridad, la asignación de escoltas personales, vehículos de resguardo y protocolos de reacción ante amenazas.
Las autoridades judiciales también piden que los mecanismos de garantías se extiendan a los núcleos familiares.
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Además, plantean al líder del Ejecutivo la coordinación directa con el Ministerio de Gobierno, Policía, y otras instancias especializadas en seguridad, “para garantizar la ejecución efectiva y continua de estas medidas en todo el territorio nacional” y la aprobación de una disposición que reconozca el nivel de riesgo institucional del órgano Judicial.
El documento reiteró que la independencia judicial no puede sostenerse sin condiciones mínimas de seguridad y protección, y alertan que el Estado boliviano no debe permitir que el sistema judicial opere bajo amenazas.
Asimismo, advierten que la omisión o demora en la atención de las demandas plasmadas será considerada como un “incumplimiento grave del deber constitucional” de garantizar el funcionamiento seguro de uno de los órganos más importantes del Estado.