Legisladores coincidieron en rechazar un incremento arbitrario de pasajes tras la eliminación de la subvención al diésel, al considerar que no existe justificación técnica y que una medida sin consenso generará conflicto social; piden a alcaldías, ATT y Ministerio de Hidrocarburos estudios de costos, regulación y mesas de diálogo.
El diputado de Alianza Unidad, Alejandro Reyes, calificó los intentos de alza como oportunismo político, al argumentar que la mayoría del transporte urbano opera a GNV o gasolina y no a diésel, por lo que no hay razón económica para subir tarifas. Exigió a las alcaldías fiscalizar cobros arbitrarios y a la ATT presentar estudios técnicos antes de autorizar cualquier reajuste interdepartamental, atribuyendo la crisis actual a dos décadas de mala gestión fiscal.
Desde el PDC, el diputado larista Rómulo Villca sostuvo que no es momento de aplicar incrementos sin un análisis comparativo previo y llamó a instalar mesas de diálogo entre Gobierno, transportistas y sectores sociales, advirtiendo que un alza autoritaria podría desencadenar conflictos y pidiendo a los dirigentes orientar a sus bases hacia acuerdos que prioricen el bienestar social.
Así también, la diputada de Alianza Libre, Claros, denunció falta de planificación del Ejecutivo, al señalar que el Viceministerio de Transportes debió elaborar estudios de operación, rutas y tarifas antes de eliminar la subvención, evitando especulación en sectores que no usan diésel. Advirtió que la falta de coordinación entre nivel central, gobernaciones y alcaldías ha creado un «mercado libre» donde la población sufre atropellos, por lo que instó a fijar tarifas claras con base técnica.
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Por su parte, la diputada de Unidad Julieta Jiménez exigió intervención inmediata y controles rigurosos para impedir que choferes definan precios de forma unilateral en terminales y surtidores, rechazó pedidos de abrogar el decreto al sostener que la subvención beneficiaba al contrabando y que la fluctuación de precios es global, y pidió tranquilidad a la población mientras el Ejecutivo asume su rol regulador.

