Pasada las 12:00 horas de este lunes, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, promulgó la Ley de Regulación de Estados de Excepción, que establece los mecanismos y procedimientos para la aplicación de la figura constitucional. El órgano Ejecutivo proclama la norma 30 horas después de su aprobación y posterior sanción en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
La nueva ley define el Estado de excepción como un régimen jurídico, extraordinario y temporal, dispuesto por el jefe de Estado, con el objetivo de preservar el orden constitucional y la seguridad interna del país frente a escenarios de amenazas externas, conmoción interna o desastres naturales, conforme a lo establecido en el parágrafo III del artículo 139 de la Constitución Política del Estado (CPE).
“De nada sirve desarrollar normas y visión de desarrollo económico si en la patria no tenemos seguridad, que se puede expresar de diferentes formas: seguridad jurídica, inversión en el país, normas claras de un modelo económico, y las facilidades del Estado para poder crecer dignamente. Esa seguridad se ve en peligro cuando el narcoterrorismo y las prioridades de ciertos sectores, que no son favorables a nuestra democracia y al desarrollo libre de la patria, priorizan sus intereses por encima de la sociedad”, declaró el primer mandatario tras firmar la promulgación de la norma en un acto que contó con la participación autoridades de Gobierno y la cúpula de las Fuerzas Armadas (FFAA).
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De acuerdo al procedimiento para su aplicación, el jefe de Estado debe emitir un decreto supremo de Estado de excepción, el cual será remitido y considerado por el pleno de la Asamblea Legislativa, que deberá publicar un pronunciamiento en el plazo de 72 horas.
En caso de obtener la aprobación de la ALP, el primer mandatario podrá autorizar el despliegue de las FFAA siempre y cuando la Policía emita una declaratoria de que fue rebasada en el escenario en cuestión. La norma establece que la figura constitucional tendrá un plazo inicial de 90 días que podrá extenderse previa autorización del órgano Legislativo.
Asimismo, garantiza la vigencia de los derechos fundamentales y determina limites en la participación de la Policía, las FFAA, y el Ministerio Público durante su aplicación. Incluye características generales, como el ámbito territorial de su implementación y los mecanismos para la rendición de cuentas de las autoridades correspondientes.
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Durante su intervención, la primera autoridad afirmó que la promulgación de la norma pretende “proteger a los bolivianos” y cuestionó la presencia de grupos vinculados con el narcotráfico en regiones del occidente del país desde el inicio del conflicto. En ese marco, sostuvo que los intereses del país y del departamento de La Paz no pueden estar condicionados por intereses financiados con recursos provenientes de actividades ilícitas.
“El futuro de La Paz no es bloquearnos entre paceños y permitir que se infiltren narcoterroristas en líneas donde generan, desde las organizaciones sociales, justas reivindicaciones, pero que son boicoteadas por estos grupos con recursos económicos y presencia física de instigadores a la paz, la democracia y a nuestra constitución”, afirmó.
Bolivia cumple este lunes 39 días concecutivos de conflicto y bloqueos de carreteras desencadenados por la movilización de la Central Obrera Boliviana (COB) desde el 1 de mayo, que fue respaldada posteriormente por organizaciones campesinas de La Paz. Según el último reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), persisten 91 puntos de bloqueo distribuidos en seis departamentos, siendo Cochabamba el más afectado con 24 y La Paz, con 22.
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Al respecto, el presidente del Estado sostuvo que la Policía y las FFAA ejecutarán un “plan que ya hemos diseñado” para despejar las carreteras del país y restablecer el orden constitucional, aunque evitó brindo mayores detalles.
Por otra parte, como lo hizo en reiteradas ocasiones, Paz Pereira volvió a expresar su disposición a dialogar sobre demandas legítimas, aunque advirtió que existen intereses antidemocráticos que obstaculizan los avances logrados en los espacios de diálogo.
“No puede haber bolivianos de primera y de segunda, no puede haber bolivianos que estén por encima de ley. No puede haber bolivianos que, porque tengan recursos del narcoterrorismo, puedan cambiar o bloquear decisiones de las diferentes organizaciones del país”, agregó.
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Aseguró que, desde la administración nacional, “nuestra mano está extendida para seguir siempre por el diálogo”, aunque alertó a los sectores que deben cuidarse “de los violentos, infiltrados y narcoterroristas”.
“Así como cayó (el narcotraficante Sebastián) Marset, sus días están contados y vamos a hacer cumplir lo que manda la constitución y la ley”, afirmó en referencia a los grupos que promueven actos de violencia en medio de las movilizaciones.
Finalmente, el presidente anunció medidas económicas complementarias para enfrentar los impactos de los bloqueos, entre ellos la reprogramación inmediata de deudas a escala nacional, un fondo de garantía para el sector del transporte y la creación de un fondo solidario para pacientes con cáncer y enfermedades renales, financiado con los salarios del presidente y ministros.