El Gobierno boliviano declaró persona no grata y expulsó del país a la embajadora de Colombia, Elizabeth García Carrillo, por la supuesta injerencia del presidente Gustavo Petro en asuntos internos, tras sus declaraciones sobre la orden de captura contra el expresidente Evo Morales. La medida desató reacciones encontradas entre los parlamentarios, que respaldaron y rechazaron la decisión oficial.
El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Ruddy Pantaleón respaldó el cese de funciones de la diplomática y afirmó que con ello se hace respetar la soberanía del Estado. Sostuvo que Petro incurrió en injerencia al referirse a los conflictos internos del país, y anunció que solicitarán la expulsión de algunas ONGs que, según denunció, estarían promoviendo entre organizaciones sociales e indígenas la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
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En la misma línea, la diputada del PDC Catherine Pinto calificó de acertada la posición del Ejecutivo. Aseguró que la expulsión responde a la necesidad de frenar injerencias políticas y aclaró que la medida no implica una ruptura en las relaciones bilaterales con Colombia. Para Pinto, se trata de una acción que busca hacer respetar la soberanía nacional sin caer en extremismos.
Desde la bancada de la Alianza Popular, el diputado Erwin Huiza rechazó la decisión y la calificó como “una mala señal”. Pidió al Gobierno explicar los motivos de la expulsión, al considerar que Colombia es un país cercano y que no corresponde actuar de esa forma. No obstante, instó al presidente Paz a defender la soberanía de Bolivia frente a cualquier actor externo, incluido Estados Unidos.
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Por su parte, la diputada del PDC Patricia Patiño criticó la expulsión y advirtió que la medida pone en riesgo la libertad de expresión. Señaló que no se puede ignorar el contexto de las manifestaciones en el país y sostuvo que las opiniones de autoridades extranjeras no constituyen injerencia, recordando que otros países también se han pronunciado sobre la situación en Bolivia.