En medio de la controversia por el precio del pan de batalla, luego que el sector de los panificadores fijó un costo actualizado, la Defensoría del Pueblo exhortó al Gobierno y las alcaldías municipales emprender medidas para regular la comercialización del alimento y garantizar un precio accesible para la población.
“Hemos manifestado nuestra profunda preocupación porque la marraqueta (y otros panes) tienen que quedarse en un precio accesible para la población. Hay una incertidumbre en este momento, una pelea interna, entre si va a costar 50 u 80 centavos y tiene que haber una acción estatal desde las alcaldías hasta las instancias de control gubernamental”, declaró Pedro Callisaya, titular de la institución.
LEA TAMBIÉN: Presidente Paz promulga ley de selección, elección, y designación de vocales del TSE
El precio del pan, en tiendas locales y centros de abasto de La Paz y El Alto, oscila entre Bs 0,50 y Bs 0,80, lo que generó sorpresa y molestia en la población, además de preocupación por las familias de escasos recursos.
El Gobierno oficializó el martes el fin de la subvención de la harina y otros insumos que entregaban a los panificadores para mantener el costo del producto en Bs 0,50. Sin embargo, luego de días de tensión y negociaciones sin acuerdos, el sector determinó elevar el precio a Bs 0.80, debido a retrasos en la entrega de productos a precio especial y la decisión de revisar la política de subsidios.
Además, el viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, quien días atrás garantizó el precio del pan a Bs 0,50 con un peso de 60 gramo, indicó ahora que trabajarán en un nuevo proyecto para establecer un nuevo costo. Mientras tanto, rige el costo de libre mercado.
Los gobiernos municipales, juntas vecinales, controles sociales y organizaciones sociales salieron a las calles para controlar la comercialización del alimento a Bs 0,50, en un choque directo con los panificadores, cuyos dirigentes instruyeron aumentar el costo de venta.
LEA TAMBIÉN: Fiscalía interviene instalaciones de la ANH en La Paz por desvío de 14 cisternas con combustible
Incluso, algunos solicitaron mantener la subvención para impedir un perjuicio directo a la ciudadanía. Serrano recordó que el Gobierno propuso al sector panificador, en una anterior reunión, continuar con la entrega de insumos a precio especial, pero ajustando el modelo de distribución para eliminar a intermediarios, pero los dirigentes rechazaron la propuesta.
En ese sentido, Callisaya llamó a las autoridades nacional y municipales asumir acciones en defensa de los recursos de las familias bolivianas y garantizar el alimento diario para toda la población.
“Hay que darle certidumbre a la población y cuidar que no se impacte negativamente en los bolsillos ni en la económica de la ciudadanía”, dijo.
El defensor del Pueblo lamentó también que el Viceministerio de Defensa del Consumidor, entidad estatal encargada de realizar controles en los mercados y centros de producción, sea necesaria para momentos como este, pero se encuentre impedida de cumplir funciones por la reorganización estructural y logística que desarrolla al actual Gobierno.
“Entendemos que ahora se está haciendo la redistribución de competencia, pero tenemos que acelerar esta situación para que la población tenga un referente de control”, agregó.