En medio del debate sobre una eventual ampliación del Estado de excepción, el nuevo comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, afirmó que la institución hará cumplir las disposiciones establecidas por la medida, aunque remarcó que el diálogo será el primer mecanismo para evitar escenarios de mayor conflictividad.
Álvarez Arismendi asumió el cargo en reemplazo del general Mirko Sokol, quien de manera sorpresiva se apartó del cargo horas antes, y en medio de un contexto marcado por una creciente tensión con diferentes sectores por el desabastecimiento de combustibles y el aumento del precio del diésel para grandes consumidores.
“La normativa es clara: la Policía Boliviana va a hacer cumplir lo que dispone esta normativa vigente; pero también es importante mencionar que nosotros siempre vamos a priorizar el diálogo con estos sectores para convencerlos de que depongan estas actitudes, y de esta manera la solución del conflicto se resuelva a través del diálogo”, declaró durante el acto de posesión, realizada la tarde del lunes.
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El jefe policial remarcó que, pese a la obligación de hacer cumplir las normas, la fuerza del orden buscará agotar los espacios de concertación para persuadir a los sectores movilizados y evitar enfrentamientos.
El plazo inicial de 90 días del Estado de excepción vence el próximo 20 de septiembre y, según la Ley 1740, su ampliación requiere la autorización del órgano Legislativo por mayoría absoluta de los legisladores presentes.
Entre sus disposiciones figura la prohibición de promover o ejecutar acciones de violencia, intimidación, amenazas o presiones destinadas a obligar a personas o sectores a participar en bloqueos y otras medidas de hecho.
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El pronunciamiento del comandante Álvarez se produce cuando persiste el rechazo de distintas organizaciones, principalmente productores de Santa Cruz, al incremento del precio del diésel.
En Beni, productores de la provincia Marbán activaron un bloqueo en el puente San Pablo, en la carretera que conecta la ciudad de Trinidad con Santa Cruz, en demanda de la abrogación del Decreto Supremo, pero fue levantada tras un acuerdo con autoridades del Gobierno.
En paralelo, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) promueve ante el Comité Cívico Pro Santa Cruz la realización de una Asamblea de la Cruceñidad para definir medidas en contra de la medida.
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El órgano Ejecutivo sostiene que los pequeños productores no fueron afectados por el retiro parcial de la subvención, debido a que mantienen acceso al combustible a un precio subvencionado de Bs 9,80 por litro.
El decreto de Estado de excepción también permite la participación de las Fuerzas Armadas (FFAA) en apoyo a la Policía en determinadas tareas destinadas a garantizar el cumplimiento de las medidas de excepción. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, consideró que la medida debería ampliarse para mantener la paz social.
“El estado de excepción ha permitido que se mantenga la normalidad en el país. Y creo que la mayoría de los bolivianos que vivimos en un estado normal, queremos vivir en un Estado sin bloqueos; por ello, creo que es una medida que todavía puede ser propicia mantener”, explicó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, a Bolivia TV.