La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia advirtió con activar movilizaciones una vez que concluya el Estado de excepción, debido a los problemas que persisten en el abastecimiento de combustibles y el deterioro de las carreteras del país.
El presidente de la organización, Lucio Gómez, cuestionó los resultados del Decreto Supremo 5676, que eliminó la subvención del diésel para grandes consumidores, y afirmó que la medida no logró reducir las filas en los surtidores y, por el contrario, agudizó la situación y promovió el acopio y reventa de diésel.
“De nada ha servido el Decreto 5676, lejos de descongestionar, han crecido más las filas. La comercialización ilegal ha crecido mucho más”, declaró a la red Unitel.
LEE TAMBIÉN: Ministro Aramayo aclara que no afirmó que el FMI exigió levantar la subvención al diésel
Gómez afirmó que la situación que enfrenta el transporte contradice las versiones oficiales sobre presuntos avances hacia la normalización del suministro, por lo que subrayó que la única manera de frenar las movilizaciones es materializar dichos resultados.
Queremos “hechos. Se descongestiona, hay combustible, no hay ningún problema”, manifestó.
Anticipó que otros sectores sociales podrían sumarse a las protestas, debido a las dificultades económicas y a los problemas que atraviesa el país. En el caso del transporte, mencionó que también existe preocupación por el estado de las carreteras.
LEE TAMBIÉN: YPFB asegura que hay 17 millones de litros de diésel en Santa Cruz y anuncia mejoras en la distribución
No obstante, afirmó que la organización sindical respetará las disposiciones establecidas durante el Estado de excepción, cuya vigencia finaliza el 20 de septiembre. Remarcó que una vez concluida la medida extraordinaria saldrán a las calles para exigir soluciones.
“Somos respetuosos de las normas y el Estado de excepción, pero ya está aprobado, nos verán en las calles, estaremos protestando porque la verdad ya no podemos aguantar más”, sostuvo.
En medio de la crisis de los combustibles, el presidente Rodrigo Paz reconoció que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no consiguió garantizar el abastecimiento de combustibles y planteó abrir el mercado a las importaciones privadas.
El Gobierno también analiza el futuro de la subvención a los carburantes. Paz sostuvo que mantener este mecanismo implica destinar recursos que podrían ser utilizados en áreas como salud, educación, hospitales, colegios y carreteras, una preocupación que también fue expresada por autoridades de los gobiernos subnacionales.