Buenos Aires, 10 Sep (EL PAÍS).- Buenos Aires volvió a quedar paralizada. Varias organizaciones sindicales convocaron hasta diez concentraciones distintas en la capital argentina, en demanda de mejoras salariales. Las protestas coincidieron con un nuevo giro social del Gobierno de Mauricio Macri, que estudia la concesión de un bono extraordinario de 5.000 pesos (unos cien dólares) a todos los trabajadores del sector privado y no piensa oponerse a un proyecto de ley sobre emergencia alimentaria que tramita la oposición peronista.
El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, confirmó que, a la espera de que el jueves se conociera la inflación de agosto, probablemente cercana al 5%, pensaba ampliar a los trabajadores de la empresa privada el bono de 5.000 pesos que ya recibieron en agosto los empleados públicos. «El salto inflacionario que estamos sufriendo, producto de la devaluación después de las elecciones primarias (PASO), está generando bastante inquietud por la pérdida de salario real», dijo el ministro. Agregó que había que evaluar con cuidado «el impacto de este tipo de bono sobre las pequeñas empresas», faltas de financiación, y su efecto sobre una inflación en alza.
El sindicato mayoritario Confederación General del Trabajo (CGT) hizo saber, tras reunirse con Dante Sica, que la cuestión del bono estaba prácticamente cerrada y que solo faltaba decidir si los 5.000 pesos se pagarían de una vez, a finales de septiembre, o en dos plazos divididos entre septiembre y octubre.
Los sindicatos que el martes paralizaron Buenos Aires y los centros urbanos de otras ciudades fueron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el resto de gremios que integran la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), generalmente vinculados con el flanco izquierdo del kirchnerismo. La oposición peronista presentó el lunes en la Cámara de Diputados un proyecto sobre emergencia alimentaria que exige al Gobierno «un incremento mínimo del 50%» en los programas destinados a combatir el hambre. Según Leonardo Grosso, uno de los diputados que promovieron la iniciativa conjunta, sería necesario reasignar al menos 8.000 millones de pesos (unos 160 millones de dólares) a estos programas de asistencia, restándolos de otros programas para evitar un coste fiscal.
El Gobierno de Mauricio Macri indica que si la iniciativa sale adelante, cosa probable porque la oposición dispone de mayoría en la Cámara, no la bloqueará. Por dos razones: una, porque no quiere ser considerado obstruccionista en una cuestión como el hambre; dos, porque si, como parece, Alberto Fernández gana las elecciones del 27 de octubre, sería un Gobierno peronista quien tendría que asumir posibles costes adicionales. Fernández declaró el lunes que el próximo Gobierno recibiría «una economía destruida y un escenario internacional poco fácil», pero añadió que él no iría «contra la gente». «Vamos a poder luchar contra el hambre que aqueja a la Argentina», aseguró. También señaló que su prioridad sería un aumento de los salarios y de las jubilaciones, para recomponer el consumo interno.
Los costes sociales de la crisis han obligado al Gobierno de Macri a acabar con la austeridad presupuestaria impuesta por el Fondo Monetario Internacional, que el año pasado concedió un préstamo de 57.000 millones de dólares cuya devolución, tras el default parcial anunciado el 28 de agosto, está en el aire. El nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, viajará este mes a Washington para intentar convencer al FMI de que desembolse los 5.400 millones de dólares que tenía previsto entregar a Argentina en septiembre. El humor de los técnicos del FMI se ha agriado tras el anuncio de la suspensión de pagos parcial, la implantación de controles sobre la compraventa de divisas y las numerosas desviaciones presupuestarias, que vulneran el acuerdo firmado en 2018, y el pago de los plazos restantes del préstamo podría aplazarse como mínimo hasta después de las elecciones.