Durante una reunión con productores del municipio de Yapacaní, en Santa Cruz, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, reconoció que el Decreto Supremo 5676, que establece un precio diferenciado del diésel para grandes consumidores, “está generando muchos problemas” y debe ser derogado.
La autoridad arribó a la localidad para alcanzar acuerdos con las organizaciones sociales que amenazaron con activar medidas de presión en demanda de la abrogación de la normativa, en medio del despliegue de un contingente policial y militar que –según el Comando Departamental– tiene la instrucción de hacer cumplir el Estado de excepción vigente en el país.
Antes de ingresar a la sede de la Federación de Interculturales, la autoridad afirmó que llegaron al municipio para “resolver el tema” y para explicar los alcances del decreto.
LEE TAMBIÉN: Acribillados en Guayaramerín recibieron 58 disparos; sospechan que sicarios huyeron a Brasil
“El decreto supremo que ha sacado el Gobierno, efectivamente, está generando muchos problemas en su aplicación. Yo he informado esto al gabinete, y que ha dicho el gabinete que sí lo quiere, sea derogar, abrogar, modificar, pero no puede quedar como está. ¿Por qué? Porque no ha cumplido su objetivo”, sostuvo durante el encuentro al que acudió junto con el vicepresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Víctor Hugo Blacud.
Paredes señaló que la medida tenía como finalidad promover que los grandes consumidores “traigan su propio diésel”, mientras que el órgano Ejecutivo garantice el abastecimiento del carburante a pequeños y medianos productores a precio subvencionado.
“Lamentablemente, ha habido problemas en su aplicación. Entonces, este decreto tiene que ser abrogado, tiene que ser derogado y tiene que ser modificado”, remarcó.
LEE TAMBIÉN: Cuarta interpelación: Legislativo convoca al ministro Oviedo por la lucha contra el narcotráfico
La reunión con los sectores que rechazan la norma continuará durante la jornada. El Gobierno prevé abordar tres lineamientos de trabajos: garantizar el abastecimiento a productores de manera directa y la instalación de una refinería y una estación de servicio en el lugar.
El Decreto Supremo 5676 fue promulgado por el órgano Ejecutivo a inicios de esta semana con el objetivo de regularizar la provisión de combustible y eliminar las largas filas en los surtidores.
La medida establece una tarifa de Bs 18 por litro de diésel para la categoría de grandes consumidores –empresas, industrias, mineras y agroindustrias–, mientras que el resto de los usuarios –transporte público, vehículos particulares y pequeños negocios– seguirá con el precio subvencionado de Bs 9,80.
// Agencias