Mediante su abogada, Margarita Arce, el asesor político e investigado por intento de feminicidio, Fernando Cerimedo, presentó parte de sus descargos sobre las denuncias que existen en su contra y cuestionó la versión de la Fiscalía sobre los allanamientos realizados en inmuebles de la zona Sur de La Paz.
En contacto con los medios de prensa, la jurista presentó un manuscrito del sindicado, quien aguarda su audiencia cautelar, prevista para la tarde de este viernes, donde se definirá una posible reclusión en el penal de Chonchocoro.
En el primer punto del documento, Cerimedo negó las acusaciones de su expareja y víctima del atentado, Nadia Beller, sobre pagos a legisladores y aseguró que el tema será esclarecido durante la audiencia.
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“Es falso que los legisladores recibían dinero para nada. Él no pertenece a esa lista, no la conoce, para nada, no reciben de nadie”, manifestó Arce.
Según Beller, parlamentarios de Libre y Unidad recibieron 5.000 dólares, de manera mensual, de parte de dos integrantes del gabinete de ministros para la aprobación de normativas favorables al Gobierno. También afirmó contar con una lista de todos los parlamentarios beneficiados.
Posteriormente comenzó a circular en distintas cuentas en redes sociales una lista que incluye 28 nombres de diputados representantes de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando.
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Ante ello, varios legisladores realizaron pronunciamientos que van desde rechazar la acusación, demandar una investigación a fondo, reconocer que existen sospechas validas e incluso amenazar con emprender acciones legales en caso que la excandidata a diputada del MAS no presente pruebas de sus acusaciones.
Luego, el consultor político rechazó la versión del Ministerio Público sobre el hallazgo de un millón de dólares en uno de sus domicilios en la Sede de Gobierno. Aclaró que el dinero que tenía era para instalarse, mientras esperaba una contratación del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
Según la abogada, Cerimedo disponía de aproximadamente 40.000 dólares y 500.000 bolivianos, recursos que –según su versión– provienen de actividades laborales legales y de empresas que tiene en Argentina.
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«Dicen que encontraron 1 millón de dólares en su domicilio, pero eso es falso. Él no tiene esa cantidad de dinero. De todas formas, el dinero que pudiesen encontrar en su casa es para su propia manutención”, dijo.
Respecto a la versión del organismo internacional – que en la víspera negó tener vínculos de manera contractual, de consultoría o de asesoría con el acusado, – Arce afirmó que Cerimedo cuenta con correos y documentación que demostraría la existencia de un proceso de contratación.
“Él tiene los correos de la CAF, los contratos que se estaban concretando, están admitidos todos, solamente era un formalismo. Él va a hacer la representación también ante la CAF del porqué han negado ellos ese vínculo”, indicó.
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Asimismo, el consultor argentino negó la presencia de una “granja de bots” en uno de los inmuebles intervenidos y pidió una precisión pública de la Fiscalía. Arce indicó que en realidad los equipos eran teléfonos satelitales y módems que estaban en sus cajas durante el allanamiento.
La jurista afirmó que su defendido pretende presentar su versión y la totalidad de los descargos en la audiencia de medidas cautelares.
«Lo que él ha escrito acá para que se manifieste, no había bots, son teléfonos satelitales y son módems. (Cerimedo) le pide al fiscal de la ciudad de La Paz que esclarezca este tema y que anuncie y que diga que no son bots, porque él lo manifestaba», expresó.
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En cuanto al atentado contra su expareja, Arce dijo que buscarán desvirtuar las acusaciones en la sesión judicial y enfatizó que las denuncias son falsas y que Cerimedo “no tiene responsabilidad alguna”.
También rechazó que los mensajes encontrados en su teléfono celular del acusado estén relacionados con la panificación de un crimen. Explicó que uno de los elementos difundidos sería parte de una nota y no un chat.
Por último, Cerimedo negó las versiones que señalan que tenía una oficina en la Casa de Gobierno o que ejercía control sobre ministro. Según Arce, su defendido no participó de ninguna reunión de gabinete y no contaba con la influencia atribuida por diferentes figuras políticas.
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Aseguró además que su cliente nunca intentó abandonar el país y que tuviese los pasajes para dicha finalidad. De acuerdo a las primeras versiones del caso, el asesor político se aprestaba de abordar un vuelo rumbo a Argentina.